El sistema educativo recibirá 7.000 millones en cinco años, el 40% aportado por las autonomías
López Aguilar tacha de antijurídica la insumisión del PP a la LOE
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy la Ley Orgánica de Educación (LOE), que obtendrá, salvo sorpresa, el respaldo mayoritario. Tras el trabajoso consenso logrado durante el debate en comisión del texto de la ley, cabe suponer que la LOE se aprobará con el respaldo de todos los grupos de la Cámara Baja a excepción del Partido Popular. La aprobación de la LOE exige la mayoría absoluta de los 350 diputados del Congreso, al regular derechos fundamentales y libertades publicas recogidas en el artículo 27 de la Constitución. El nuevo debate en el Pleno del Congreso, antes de su remisión al Senado, volverá a abordar buena parte de las la más de 1.300 enmiendas parciales presentadas por los grupos, algunas aceptadas en el debate en comisión. En ese trámite, los socialistas aceptaron 56 enmiendas -inguna del PP- y un centenar de transaccionales sobre los puntos más polémicos de la reforma. Lo esencial en la ley pasa por el reconocimiento de la educación como un derecho publico esencial. Se fijan los contenidos comunes, con el 55% del horario en las comunidades con lengua propia y del 65 en al que no la tenga. Se podrá pasar de curso en secundaria con dos suspensos y con tres en casos excepcionales si así lo estiman los docentes. La religión será de oferta obligatoria, pero su estudio de carácter voluntario y no evaluable para becas y medias. La ley se acompaña de una memoria económica que compromete 7.000 millones de euros en cinco años para el sistema educativo, el 60% aportado por la administración central y el 40% por las autonomías. El PP se opondrá a la aprobación de la ley en sus términos actuales y propondrá en el curso del debate las once medidas alternativas presentadas este martes y que incluyen, entre otras disposiciones, impartir contenidos comunes en historia, geografía y literatura, compromiso cerrado entre las seis comunidades en las que gobierna el PP. Una propuesta que la titular de Educación, María Jesús San Segundo, calificó de «puro humo» y que para su colega de Justicia, Juan Fernando López Aguilar es «una amenaza de insumisión y un comportamiento antijurídico». Una actitud que para el ministro evidencia «el estado de confusión y ofuscación en el que encuentra tristemente el PP». El resto de fuerzas políticas sí apoyarán una ley que durante el debate en comisión introdujo cambios que procuraron el respaldo de la patronal el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada religiosa.