Las comunidades prestarán atención sanitaria a las personas dependientes

Todos los españoles con problemas de dependencia, es decir, que no pueden valerse por sí mismos (en torno a 1,3 millones de personas), deberán recibir una atención sociosanitaria por parte de la Administración, con prestaciones «equiparables a las sanitarias», independientemente de donde residan. Este es el principio de acuerdo al que llegaron ayer el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para poner en marcha el futuro Sistema Nacional de la Dependencia, que supondrá el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y el sistema de pensiones, según informó a Europa Press, la Secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. Se trata de un principio de acuerdo, de carácter político, que deberá someterse a examen de los órganos de dirección de sindicatos y patronal a lo largo de esta semana. El Consejo de Ministros del próximo viernes informará de las líneas básicas del anteproyecto de una de las leyes «estrella» de este Gobierno. El principio de acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Diálogo Social establece los elementos esenciales que deben configurar el Sistema Nacional de la Dependencia. En virtud del acuerdo, será una Ley de carácter básico y estatal que regulará las condiciones de acceso en términos de equidad en todo el Estado. A través de esta ley, se reconocerá un derecho de carácter universal para todos los ciudadanos, así como un catálogo de prestaciones económicas y de servicios (asistencia a domicilio, teleasistencia, centros de día, etcétera), dando prioridad a estas últimas. «Se trata de construir una auténtica red de carácter público», subrayó Fontecha. Entre 2007 y el 2015 El sistema tendrá un periodo de implantación progresiva comprendido entre el 2007 y el 2015, con el fin de que no se vea desbordado. Así, año tras año se irán incorporando los distintos grados de dependencia, empezando por los más graves (según los expertos, en torno al millón de personas). Fontecha aseguró a Europa Press que Trabajo ha dado garantías de que «las prestaciones serán equiparables a las sanitarias». La futura Ley quedará en el ámbito general de la protección de la serguridad social, pero no será una prestación como tal de este organismo. Tampoco dependerá de la Seguridad Social, ni en términos de gestión (dado que los servicios sociosanitarios están transferidos a las comunidades autónomas), ni a nivel económico. No obstante, el Gobierno prevé utilizar parte del excedente actual (unos 8.400 millones) en el periodo de implantación del sistema.