El proyecto catalán para regularizar la prostitución genera protestas y dudas

En vísperas de que el Congreso apoye mañana una comisión asesorada por expertos que plantee cómo abordar la prostitución, arrecia la polémica sobre el proyecto de la Generalitat de regularizar los «servicios sexuales remunerados» en Cataluña. La rotunda oposición feminista se acompaña de una campaña de firmas de quince organizaciones y plataformas para que la iniciativa no siga adelante; el Gobierno hace equilibrios entre el rechazo frontal del Instituto de la Mujer y la aceptación de la capacidad reguladora de las comunidades, y en el propio colectivo y sus asociaciones se escuchan respaldos con matices. Más allá de la coincidencia general en la lucha contra el tráfico de mujeres y la prostitución forzada, la moción parlamentaria de Carme García, de Iniciativa per Catalunya, pretende clarificar el escenario de su práctica voluntaria. Pero quienes se oponen a la regularización replican que el 95% no se ejerce por propio deseo. El dato está incluido en un informe publicado en diciembre por la Unión General de Trabajadores, que relativiza además la voluntariedad del 5% restante al apuntar la influencia de las condiciones de vida de esas mujeres, habitualmente en desventaja socioeconómica y cultural. El mismo estudio remarca otra cifra: el 90% de la prostitución tiene como protagonistas a inmigrantes, la mayoría de ellas en situación irregular. Según diversas estimaciones, en España hay entre 50.000 y 300.000 prostitutas. La visión desde el propio colectivo y su entorno asistencial aparece muy pegada a su experiencia cotidiana. Hetaira, organización que defiende los derechos de las prostitutas, denuncia la actual «situación de alegalidad» y exige derechos laborales y sociales, porque -argumenta apoyándose en una sentencia de 2001 del Tribunal de Luxemburgo- «es una actividad económica legítima». A su juicio, políticas de «hostigamiento a los clientes» como la emprendida por el Ayuntamiento de Madrid son contraproducentes porque, lejos de reducir la demanda, «favorecen los tratos rápidos y clandestinos» y acaban empeorando las condiciones de vida de esas mujeres. Educadores y trabajadores sociales que conocen la realidad diaria del sexo remunerado también creen que la simple prohibición no es una solución y que hacen faltan iniciativas más integrales.