El derecho a no vivir

El fallecimiento de Jorge León Escudero, un pentapléjico que había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de dejar de vivir, ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de legalizar la eutanasia, 8 años después de que otra muerte, la de Ramón Sampedro, llevara el asunto al primer plano de la actualidad. La Asociación para la Defensa e Integración de Accidentados (DIA) dijo ayer que Jorge León «estaba en su derecho a hacer con su vida lo que creyese conveniente», mientras que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP) reclamó una regulación «muy cuidadosa» de la eutanasia que respete la voluntad de los enfermos y evite «susceptibles abusos». Además, Izquierda Unida anunció este domingo que volverá a presentar una nueva iniciativa parlamentaria para regular de forma legal el derecho a una muerte digna, pese a que en los últimos años el Congreso ha rechazado todas las iniciativas presentadas por esta formación, por Esquerra Republicana de Catalunya y por el Grupo Mixto a favor de la despenalización de la eutanasia. La palabra eutanasia -que etimológicamente significa «buena muerte»- no aparece en ninguno de los textos legales vigentes en España, aunque el artículo 143 del Código Penal sí tipifica como delito la cooperación activa en la muerte, siempre a petición del enfermo, de quienes sufran dolencias irreversibles o que causen padecimientos insoportables. No es probable que a corto plazo se produzcan cambios respecto de la consideración legal de la eutanasia en España, ya que el Gobierno cree que todavía no existe el necesario «sentir social» ni el consenso mayoritario para legislar sobre el asunto. «El Gobierno no tiene ningún compromiso para acometer en esta legislatura la regulación sobre la disponibilidad sobre la propia vida, ni considera que exista aún el sentir social que exige la reforma», decía el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria dirigida ahora hace un año al líder de IU, Gaspar Llamazares.