La Unión Europea obligará a inventariary a recuperar los suelos contaminados

Según la UE, 160 millones de hectáreas están afectadas por la erosión del agua y del viento. El proceso de compactación del suelo afecta a más del 30% de los subsuelos y la contaminación a 4 millones de hectáreas. Además, las regiones del Mediterráneo y las alpinas sufren la amenaza de fuertes precipitaciones y el abandono de las tierras. A ello se añaden los problemas derivados de la pérdida de materiales orgánicos, los corrimientos de tierras o la salinización, así como el impacto de las prácticas agrícolas e industriales, el turismo y el desarrollo urbano. El resultado es una peor calidad del agua, del aire y los alimentos, cuyas repercusiones se hacen sentir sobre la salud. Para proteger y conservar los suelos comunitarios (más de 300 tipos distintos), la UE ultima una directiva que obligará a los Estados miembros a elaborar antes del año 2030 un inventario de aquellos que sufren contaminación y a la puesta en marcha de actuaciones para su recuperación y para evitar nuevas contaminaciones. Además, las acciones correctoras se extenderán a aquellas zonas con riesgo de erosión, salinización o pérdida de sustancias orgánicas. El presupuesto destinado en investigación durante ese plazo asciende a 250 millones de euros al año y la normativa dejará que cada país defina sus objetivos y los trabajos encaminados a paliar el problema. Un centenar de sectores En España se producen al año más de 2 millones de toneladas de metales pesados, hidrocarburos, organoclorados, pesticidas y otros residuos tóxicos y peligrosos, de los que sólo la cuarta parte recibe el tratamiento adecuado mientras que el resto es vertido de forma ilegal, lo que supone un agresión contra el medio ambiente y la salud. El pasado año se aprobó el Real Decreto sobre Suelos Contaminados en el que se recoge un listado con 5.000 suelos contaminados, aunque se supone que su número es muy superior. Además, están catalogadas 18.000 actividades industriales pertenecientes a un centenar de sectores que abarcan desde fabricación de productos químicos a talleres de automóviles pasando por fábricas de muebles, de ordenadores, empresas farmacéuticas o de transformación de metales. La normativa obliga igualmente a aquellas de otros sectores que manejen al año más de 10 toneladas de sustancias peligrosas o almacenen más de 50.000 litros de combustible. Los mayores problemas de contaminación están relacionados con los pesticidas químicos (lindano), los hidrocarburos (vertidos de gasolineras o lubricantes de automoción) y los metales pesados (desechos industriales y mineros) y su recuperación va a suponer, además del daño a los recursos naturales (suelo, agua y aire) y a nuestra salud (que no se ha evaluado), más de 800 millones de euros. Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia son las comunidades que cuentan con mayor número de emplazamientos contaminados, mientras que Baleares, La Rioja y Extremadura tienen un desarrollo industrial más limpio. En Castilla y León, están inventariados unos 200, el 70% de las cuales se distribuyen por las provincias de Valladolid, Burgos, León y Palencia. Las empresas consideradas como potencialmente contaminantes deberán elaborar un informe sobre el estado de su suelo, que entregarán a la Consejería de Medio Ambiente de su Comunidad, en el que figurarán aspectos como si está o no pavimentado, la red de drenaje, qué cantidad de sustancias utiliza y almacena, cuáles son peligrosas o cómo las almacena. La Consejería determinará qué suelos están contaminados y obligará a los dueños a su limpieza. Aunque no se fija ningún plazo para llevarla a cabo, salvo en situaciones extremas, las empresas no podrán vender, ampliar el negocio ni cambiar el uso del suelo.