Las especies amenazadas y la caza sufren los estragos del veneno

El uso de cebos envenenados para dar muerte de manera ilegal a los depredadores es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en nuestro país y en Europa. A pesar de ser una práctica prohibida desde 1983, desde la organización conservacionista WWF/Adena se afirma que sólo en España se han recogido 7.261 ejemplares de fauna envenenada en el periodo 1990-2003. Se recuerda, además, que los cebos envenenados son la principal causa de muerte de las cuatro especies de buitres ibéricos: alimoche, buitre negro, quebrantahuesos y buitre leonado. De todas estas grandes rapaces carroñeras, España mantiene más del 80% de toda la población europea, siendo las tres primeras especies amenazadas. Para tratar de evitar la muerte de ejemplares por el uso ilegal del veneno, la «Estrategia Nacional contra los Cebos Envenenados en el Medio Natural» contempla, entre otras actuaciones, minimizar los daños ocasionados por la fauna salvaje a ganaderos, cazadores y agricultores; agilizar y mejorar el pago de indemnizaciones, y reducir la disponibilidad de sustancias tóxicas mejorando el control de la comercialización, distribución y empleo de productos fitosanitarios. Su puesta en marcha ha supuesto, además, un aumento de la vigilancia, compartir la información recogida por las administraciones, agentes de la autoridad y el sector privado, y mayor cooperación con los órganos de la justicia para lograr que los casos denunciados sean investigados y juzgados. Sin embargo, dos años después de su entrada en vigor, sólo Andalucía y Castilla-La Mancha, han desarrollado sus propios planes regionales, logrando una mayor eficacia ante este grave problema de conservación de especies. Según Carlos Cano, coordinador del proyecto contra el veneno de WWF/Adena, «es imprescindible poner en marcha planes y estrategias regionales contra el veneno para erradicar estas práctica ilegal porque, si no se pone freno a esta práctica, muchos de los esfuerzos para conservar la biodiversidad en España fracasarán irremediablemente». En Castilla y León En Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Protocolo de Actuación, con fondos Life y la colaboración de grupos conservacionistas, y ha elaborado un mapa que recoge las zonas más afectadas por estos sucesos y en el que se indica que, aunque el uso del veneno afecta a todas las provincias, las de Burgos, Segovia y Ávila son las más perjudicadas. Nuestra comunidad es, además, pionera en la aplicación de la ley que permite el cierre cautelar de los cotos en los casos de envenenamiento y, además, se trabaja en medidas de sensibilización y mejora de su capacidad de control y seguimiento de este problema. A pesar de los esfuerzos y según se afirma desde Adena, es la segunda en número de casos de envenenamiento entre 1990 y 2003, sólo superada por Andalucía, tendencia que ha continuado en los tres últimos años. Es la primera en casos de alimoche y se calcula que los 59 ejemplares encontrados no suponen ni el 5% de los realmente muertos por veneno, por lo que más de mil ejemplares se habrían envenenado en la comunidad desde 1990. Esto equivaldría a la casi totalidad de los pollos de la especie que vuelan en una temporada en España, con el agravante de que la mayoría de los ejemplares encontrados son adultos lo que incide aún más en la dinámica de la población.