Darse de baja del teléfono o Internet deberá quedar solucionado en 10 días

El Ministerio de Industria impuso multas por importe de 2 millones de euros en los 33 expedientes resueltos con sanción en el año 2006, consecuencia de otras tantas reclamaciones presentadas por usuarios de las telecomunicaciones. El secretario de Estado, Francisco Ros, informó en la presentación del balance anual de la Oficina de Atención al Usuario que las bajas no tramitadas están entre las principales infracciones con penalización económica. Las multas se elevaron a lo lardo del ejercicio 2005 a un importe global de 6 millones de euros, explicó Ros, porque en ese año se abrió una inspección generalizada sobre tarificación adicional, y resultaron multados la mayoría de los prestatarios de servicios. La situación se corrigió y por esta cuestión ya solamente se producen reclamaciones residuales. En el 2006, la Oficina recibió un total de 15.210 reclamaciones, de las que el 34% correspondieron a telefonía fija, el 32% a acceso a Internet, el 15% a telefonía móvil y el 14% de los nuevos paquetes de voz y datos. Sobre ese total, se resolvieron 15.394 reclamaciones, y en un 83% de los casos se dio la razón al reclamante. Durante el 2006 se atendieron 62.000 consultas, prácticamente 200 por jornada. Mientras las reclamaciones por telefonía fija han pasado a representar el 34% del total (frente al 61% en el año 2005), las correspondientes a telefonía móvil han ascendido en el último año desde el 10% al 15%, y las de acceso a Internet se incrementan desde una cuota del 28% al 32% del total. A partir del 2006 han irrumpido con fuerza las quejas de los usuarios que contratan paquetes dede telefonía e Internet. Sus reclamaciones ya representan el 14% del total de las denuncias recibidas. Altas y bajas Reducir las irregularidades en las altas y bajas -31% de las reclamaciones en telefonía fija, 30% en el móvil- es el próximo objetivo de la Administración. El secretario de Estado adelantó la inmediata publicación de la orden ministerial reguladora de las reclamaciones a los usuarios y de la atención al cliente de las telecomunicaciones. Esta norma impone más instrumentos de control para evitar las altas no solicitadas, las demoras en los cambios de operador y otras prácticas indeseables. Corresponderá al operador demostrar que el usuario se ha dado de alta en un servicio. Y el usuario podrá exigir que el operador mande en el plazo de diez días una acreditación de la gestión que ha realizado por teléfono. Además, en el plazo de sesenta días, las facturas telefónicas tendrán que incluir, cada dos meses, los teléfonos de atención al usuario tanto de la propia operadora como de los ministerios de Industria y Sanidad y Consumo. Dos veces al año, cada compañía remitirá, junto al recibo, un documento resumen de los derechos que asisten al cliente, con descripción de la forma en que puede hacerlos valer. Para agilizar los trámites y la presentación de las reclamaciones, todos los procedimientos de contratación con las operadoras de telecomunicaciones se podrán llevar a cabo íntegramente por vía telemática.