El 43% del litoral es apto para instalar parques eólicos marinos

Casi la mitad del litoral español resulta apto para albergar parques eólicos marinos. Una proporción que podría elevarse al 85% si se incluyen otras zonas sometidas en principio a algunas restricciones de uso por razones medioambientales, pesqueras o de tránsito marítimo. El Estudio Estratégico Ambiental del litoral español, presentado ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, veta para este uso los primeros 8 kilómetros mar adentro desde la playa, y aquellas zonas de especial protección ecológica, económica o defensiva. Según el procedimiento fijado, el primer parque eólico «off shore» español no empezará a construirse mínimo hasta 2010. Con sus casi 8.000 kilómetros de perfil costero -la mitad si se mide en línea recta-, España dispone de un enorme potencial en energía eólica marina. Al menos sobre el papel, porque no todo el mar «es orégano». La inversión necesaria para instalar un parque de aerogeneradores marinos será enorme y los obstáculos logísticos, tecnológicos y administrativos mucho mayores que en tierra. La prueba es que en el mundo sólo hay un complejo eólico marino a gran escala, en Dinamarca. Y no todas las zonas costeras pueden garantizar la rentabilidad económica de una instalación así, aunque el viento marino sople más constante que tierra adentro. En todo caso, el Gobierno ha despejado en los últimos meses el terreno de juego para que los promotores interesados afinen sus proyectos. Un decreto del mes de julio estableció un procedimiento administrativo único y una sola «ventanilla» para las evaluaciones de impacto ambiental. Y el Estudio Estratégico Ambiental define el mapa que faltaba, con un total de 70 «áreas eólicas marinas» caracterizadas en dominio público. Semáforo El mapa es «un semáforo» para guiar a las empresas y grupos inversores interesados, «que no pierdan tiempo ni dinero» presentando solicitudes en zonas no aptas, dijo Jorge Sanz, director general de Política Energética y Minas. Las zonas rojas, prohibición total, suman el 13,3 % de la costa española y son los 8 primeros kilómetros mar adentro desde la línea de playa en todo el perímetro costero del país. También son «rojas» las regiones marinas protegidas, las áreas de praderas de posidonia, 6 millas marinas desde la costa como franja de amortiguación para los humedales Ramsar próximos al mar, zonas de interés pesquero -caladeros, zonas de cría y artes fijas de pesca como la almadraba-, zonas de mucho tránsito marítimo, caso del Estrecho de Gibraltar, o yacimientos de áridos para la regeneración de playas. Las zonas «amarillas» son el 43,9% y podrían acoger parques eólicos si se respetan determinados condicionantes ambientales, como las zonas de paso de aves marinas, áreas de interés para cetáceos y especies amenazadas, zonas de patrimonio arqueológico submarino, con servidumbres aeronáuticas o bandas periféricas de protección en torno a las zonas de exclusión protegidas. Las posibles incompatibilidades se analizarían caso por caso, una vez presentado cada proyecto. En «verde», el 42,8% de la costa, las zonas aptas en las que no se haya detectado ninguna incompatibilidad, aunque si surgiera alguna a posteriori quedaría descatalogada. Procedimiento garantista En resumen, tres condiciones básicas guiarán la ubicación de complejos eólicos marinos. Afección medioambiental mínima, no interferir con ninguna actividad socioeconómica previa y poder engancharse a la red eléctrica terrestre, enumeró Jaime Alejandre, director general de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. El rechazo social contará como factor a la hora de adjudicar proyectos. No obstante, falta mucho para que los primeros molinos marinos -gigantes de más de 100 metros de altura en la parte visible- giren en las costas españolas. En el mejor de los casos la construcción de los primeros no empezará antes de tres años. La Estrategia se someterá ahora a información pública - páginas web de los Ministerios de Medio Ambiente, www.mimam.es, y de Industria, www.mityc.es- y previsiblemente la aprobará el Consejo de Ministros en enero. Luego se abrirá un procedimiento «muy garantista» que da un plazo de hasta seis años a los promotores para presentar proyectos, reservar zonas de explotación, ajustarse a los posibles condicionantes y decidir si siguen adelante. Intervendrán todas las administraciones implicadas.