El Gobierno dice que sólo se habla de riesgos y no de estilos de vida
Polémica en Canadá por una ley que impide donar órganos a gais
Sanidad asegura que la norma se aplica a todos los ciudadanos si cumplen con factores de peligro
El gobierno canadiense negó ayer que haya prohibido a hombres homosexuales donar órganos y señaló que simplemente ha regulado una serie de requisitos basados en prácticas de riesgo, y no en el estilo de vida del donante. La portavoz del Ministerio de Sanidad canadiense, Carole Saindon, dijo que la nueva normativa excluye a hombres que en los últimos cinco años han mantenido relaciones sexuales con otros hombres, drogadictos, hemofílicos y personas recientemente tatuadas o con un piercing, así como presidiarios. La normativa entró en vigor en diciembre del 2007 pero el jueves el principal grupo de la oposición, el Partido Liberal, emitió un comunicado en el que afirmó que el gobierno del primer ministro conservador, Stephen Harper, había prohibido «en secreto» que homosexuales puedan donar órganos. El Ministerio de Sanidad canadiense negó las acusaciones de los liberales. Saindon afirmó que «las regulaciones para la seguridad de órganos para donación subrayan factores de riesgo que podrían indicar un elevado riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas» y que exclusiones similares se aplican a los donantes de sangre. Las autoridades sanitarias canadienses añadieron que un hombre homosexual que «haya practicado abstinencia durante los cinco años anteriores sería aceptable» como donante. La regla de los cinco años también se aplica a un hombre heterosexual que haya tenido un solo contacto sexual con otro hombre, aunque no sea considerado homosexual. La literatura médica recoge varias instancias en las que receptores de órganos han sido infectados con enfermedades como la hepatitis o el virus del sida a través de trasplantes. El Ministerio de Sanidad también dijo que la normativa permite que los cirujanos sean los que en última instancia decidan trasplantar un órgano, incluso si procede de una persona en el grupo de alto riesgo. Las autoridades canadienses hicieron hincapié en que la normativa «no constituye un cambio de política, son regulaciones que formalizan una práctica que ha estado en marcha desde hace muchos años en Canadá». Pero la normativa esta causando una gran polémica en el país.