Más del 25% de los españoles sufren estrés y agresividad a causa del ruido

Una de cada cuatro habitantes de grandes núcleos urbanos asegura sufrir ansiedad, falta de concentración, irritabilidad y agresividad como consecuencia de la contaminación acústica. Así lo revela el primer estudio anual sobre los efectos del ruido ambiental elaborado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. El mismo revela que el 19% de los encuestados (800 personas en Madrid, Barcelona, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Gijón, Valencia, Sevilla, Córdoba y Mallorca) dice sufrir insomnio o alteraciones del sueño debido al estruendo. Aunque los expertos recuerdan que no está probado que el ruido por si sólo cause enfermedades, sí señalan que es parte activa en la aparición de patologías señaladas con anterioridad. La mitad de los encuestados afirman asimismo que sufren molestias en su vivienda y más de un 17% ha visto afectada su actividad diaria por este motivo. A pesar de esto, un exiguo 6% ha pedido alguna vez un control y un abrumador 62% no piensa tomar medidas pese a padecer el exceso de decibelios. La normativa que regula la contaminación acústica sigue paralizada cinco años después de su aprobación. La descoordinación entre administraciones, los incumplimientos de los agentes implicados y el vacío legal de algunos elementos causantes del ruido frenan su desarrollo legislativo. Todo ello pese a que España es el segundo país con mayor exceso de decibelios tras Japón y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha equiparado el ruido a la polución en cuanto a fenómenos que menguan la calidad de vida de los ciudadanos. «Prevenir y reducir» La Ley del Ruido de 2003, aprobada por el Gobierno de Aznar, partía con la esperanza de prevenir y reducir los niveles de contaminación acústica para evitar molestias y daños a la salud y al medio ambiente. Para ello pretendía clasificar el territorio habitable en áreas o mapas acústicos en función del predominio del uso del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario o docente) y crear zonas de servidumbre en lugares afectados por el transporte viario, ferroviario y aéreo. Esta nueva figura implicaba que si se quería edificar en esos terrenos los constructores estaban obligados a usar materiales que redujesen el impacto acústico. Sin embargo, a día de ayer, ni los mapas de ruido para ciudades de más de 250.000 habitantes -como exige Bruselas a los ayuntamientos- ni los deberes incluidos en el Código Técnico de Edificación se han cumplido. Otras carencias se refieren a la falta de decisión sobre quiénes deben hacer los controles de decibelios.