El Gobierno se compromete a analizarlos problemas de la Ley de Dependencia

Como es sabido, la ley de Dependencia es una iniciativa que ha generado muchas expectativas entre los ciudadanos y ha iniciado su complejo desarrollo con las «lógicas dificultades» que entraña un ambicioso proyecto en el que participan, a partes iguales, el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Tras este análisis de la situación, y ante las diferentes velocidades de crucero que esta normativa está teniendo según las regiones, la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, considera indispensable realizar un análisis del funcionamiento del sistema cuanto antes, con independencia de que la evaluación del mismo lo establecía la norma para dentro de dos años. Por ese motivo, Cabrera anunció ante la comisión de Educación, Política Social y Deporte del Congreso de los Diputados que su departamento, en colaboración con las Comunidades Autónomas, realizará en breve una «evaluación piloto» del funcionamiento de la ley de Dependencia, cuando ha transcurrido un año desde su entrada en vigor. Este análisis de conjunto sobre el funcionamiento del sistema tendrá lugar en el marco del Consejo Territorial de la Dependencia y servirá como referente para el desarrollo y aplicación más efectivos de la ley, así como para conocer los problemas que puedan detectarse en estos primeros momentos de su andadura. El preámbulo de la ley ya preveía al referirse a la correlación existente entre la edad y la discapacidad que más del 32% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de discapacidad, mientras que ese porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población. Efectivamente, en este primer año de la aplicación, la gran mayoría de las personas atendidas son mayores de 65 años, exactamente el 72,5%. De ellas, casi dos terceras partes son mayores de 80 años, un segmento que constituye el 43,7% de la población atendida hasta este momento por la ley. Como es conocido, el completo desarrollo de la ley será patente en 2015. A comienzos del presente mes de mayo, reseñó la ministra, son ya 374.000 ciudadanos los que desde la entrada en vigor de la ley han solicitado la valoración.