Las discotecas y bares tendrán limitadores de potencia acustica

El anteproyecto de la Ley del Ruido en Castilla y León, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica para evitar y minimizar los daños y molestias que se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico. La normativa autonómica va más allá que la nacional, que fija en 100.000 el número de habitantes de los municipios obligados a elaborar mapas de ruido, exigencia que la futura ley establece en 20.000 habitantes. De esta forma, además de las nueve capitales se verán afectadas las localidades de Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo y las de Medina del Campo y Laguna de Duero (Valladolid). Igualmente, obligará a diputaciones y ayuntamientos a la prestación de un servicio de control del ruido, para lo que tendrán que dotarse de personal con conocimientos especializados de acústica y formar en este campo a policías locales, agentes medioambientales y técnicos. Se establecerá una línea de ayudas destinada a la adquisición del material nece sario para el control y vigilancia de los niveles acústicos por parte de dichas administraciones. Zonificación Para corregir la contaminación acústica en determinadas áreas, la ley permitirá a las administraciones locales la declaración de tres clases de zonas. Las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), serán aquellas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, a pesar de que los emisores acústicos, individualmente, se ajusten a los límites establecidos. Es el caso, por ejemplo, de una zona en la que se acumulen muchos bares que, si bien cada uno de ellos cumple con la normativa, en conjunto producen más ruido del permitido. administraciones competentes podrán elaborar planes zonales específicos para mejorar la sostenibilidad del medio ambiente que contengan medidas como restricciones horarias, señalización de zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o la instalación de barreras acústicas. Las Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE) serán aquellas en las que las medidas correctoras desarrolladas en una ZPAE no hayan podido evitar los problemas de calidad acústica. Por último, serán Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) las que cuenten con numerosas actividades y los niveles de ruido que produzcan sobrepasen en más de 10 decibelios los límites fijados. este caso, la ley otorgará a los ayuntamientos instrumentos jurídicos y mayor capacidad para que adopten las medidas necesarias para reducir los niveles acústicos de sus municipios, cono otorgar nuevas licencias de apertura de actividades potencialmente ruidosas. Esta última figura no está recogida en la legislación estatal aunque sí se contempla en otras legislaciones autonómicas. En cuanto al régimen sancionador, se tipifican las infracciones y sanciones que podrán ser económicas, llegándose al precinto del local en los casos más graves. Serán faltas muy graves las superen los valores límite de ruido o vibraciones en más de 10 decibelios. Contemplan de hasta 300.000 euros, cuantía que hasta ahora establecía el Decreto vigente en Castilla y León. Será grave el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones y licencias, y la superación por parte de los vehículos a motor en más de cuatro decibelios el valor límite establecido en su proceso de homologación. La sanción a aplicar reduce la cuantía vigente en el citado decreto, al pasar de un máximo de 60.000 euros de multa 12.000. Se considerarán leves la instalación y puesta en marcha de sistemas de alarma y vigilancia sin la correspondiente autorización municipal. Podrán imponerse multas de hasta 600 euros, mientras que el decreto el límite era de 6.000.