Bermejo anuncia mayor control para los pederastas reincidentes El instructor propone una multa de 1.500 euros al juez Tirado

El caso del «violador de Astillero» ha vuelto a evidenciar la necesidad de abordar una nuevo forma de combatir la pederastia, como ya sucediera con el caso Mari Luz. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer que será en otoño cuando el Gobierno tenga preparado el proyecto de Ley destinado a reformar el Código Penal para revisar el endurecimiento de penas para pederastas y aplicarles medidas de control a su salida de prisión. En este sentido, el PP advirtió que si para octubre el Ejecutivo no ha presentado dicho proyecto de ley, los populares presentarán su propia iniciativa contra esta lacra. El «pederasta de Astillero» salió de prisión el pasado 20 de agosto, tras haber cumplido sucesivas condenas desde 1980 por delitos de violación y pederastia, y volvió a ser detenido el 27 de ese mismo mes por abusos sexuales a una menor. Este caso ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de abordar este problema por parte de los poderes públicos y así lo recordó ayer Federico Trillo, que consideró de «una urgencia inaplazable» la aplicación de las medidas acordadas por el Congreso sobre la reforma del Código Penal.El pasado junio el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno del PSOE a que presentara un proyecto de ley en este sentido. Un mes después Rajoy y Zapatero, acordaron impulsaron la reforma para responder con firmeza frente a este tipo de delitos y aplicar medidas de seguridad postpena. El juez instructor del expediente disciplinario abierto por el CGPJ contra el juez de lo Penal número uno de Sevilla, Rafel Tirado, el magistrado que no ejecutó una condena pendiente por abusos sexuales contra Santiago del Valle (presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés), consideró ayer que no existió desatención en el tratamiento del juez del caso, puesto que no se le dio cuenta «de la concreta situación en que se encontraban las ejecutorias». El instructor, Wenceslao Francisco Olea, explica en su informe que «se podrá reprochar al magistrado no hacer las indicaciones oportunas al personal del Juzgado» pero no «demorar o desatender el control directo de las ejecutorias». Así, sostiene que la falta contra él no puede considerarse como muy grave porque sólo se le puede reprochar que «no prestara más atención» a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo estaba colapsado.