El Consejo de la Dependencia acuerda que la vivienda habitual sólo compute si el beneficiario vive solo
Los dependientes que ganen menos de 517 euros no pagarán prestaciones
Zapatero anuncia 400 millones de euros más para mejorar la financiación del sistema
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, durante la reunión del Consejo Territorial de la Depende
madrid
Los dependientes con ingresos mensuales inferiores a 517 euros quedarán exentos del copago de las prestaciones, y la vivienda habitual sólo computará dentro de la capacidad económica en los casos en los que el dependiente viva solo e ingrese en una residencia. Son parte de los acuerdos adoptados este jueves por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia, que también sacó adelante el compromiso sobre la certificación de calidad de los centros residenciales y del personal de asistencia.
Ambos acuerdos cierran el entramado normativo de la ley de la Dependencia. Sobre el papel está completa, sin flecos pendientes.
Otra cosa son los ritmos de aplicación de la ley, con retrasos en casi todos los territorios, y quejas de muchos usuarios por las expectativas defraudadas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció una inyección de 400 millones de euros adicionales a la financiación del Sistema de la Dependencia.
No hubo sorpresas en la reunión del Consejo, verdadera sala de máquinas del Saad. Después de algunas demoras y tiras y aflojas, los dos textos propuestos salieron adelante en los términos fijados; lo suficientemente laxos para que las Comunidades Autónomas los acepten sin merma de sus competencias y, a la vez, con criterios homogéneos que den cierta apariencia de cohesión territorial.
No son gratuitas
La ley de Dependencia universaliza las prestaciones por dependencia, pero no las hace gratuitas. La financiación es a tres bandas, administración central, autónoma y una parte corre a cargo del usuario. Esta parte dependerá de tres factores: el tipo de servicio requerido una residencia, atención personal a domicilio, etc, la capacidad económica del dependiente -”sus ingresos y patrimonio-” y, también, la región en la que viva. En función de estas tres variables, cada dependiente costeará tal o cual porcentaje de la factura total.
La ministra, Mercedes Cabrera, considera que los compromisos alcanzados ayer combinan «todas las garantías jurídicas con el respeto a las competencias de las autonomías».