Colonias huérfanas
¿Qué sucede cuando las personas que cuidan gatos callejeros no pueden seguir haciéndolo?
Un gato aún cachorro en una colonia callejera.
Con la ley en la mano, las colonias de gatos comunitarios —los que viven en la calle porque han nacido allí o porque han sido abandonados por sus dueños— son responsabilidad de los ayuntamientos. Con la ley en la mano —Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales— los ayuntamientos están obligados a gestionar y proteger las colonias de gatos comunitarios de forma ética mediante el Método CER —Captura, Esterilización y Retorno-, asumiendo el censo, la identificación por microchip, la atención veterinaria 24 horas todos los días del año y el control poblacional. Eso, con la ley en la mano. Pero no se cumple.
Las gestoras de colonias son voluntarias. Sin ellas —mayoritariamente son mujeres— los gatos callejeros estarían sin protección ni control. Porque son estas voluntarias las que se encargan de esterilizar a las gatas —y también a los gatos callejeros— para que no tengan más camadas. Lo hacen con su dinero y su tiempo. Y muchas veces soportando las críticas —cuando no acoso— de algunos vecinos.
«Las alimentadoras son voluntarias, gestionar las colonias es un voluntariado, aunque deberían encargarse de ellos las administraciones públicas», dice Natividad Franco, miembro de Sacrificio Cero, gestora de colonias en la comarca del Páramo y una de las impulsoras en León de la movilización para exigir a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación el cumplimiento efectivo de la ley.
«Si una persona que gestiona una colonia no puede seguir haciéndolo, por el motivo que sea, el ayuntamiento tiene que poner a otra persona o hacerse cargo de la colonia», añade Franco de manera taxativa. Pero no se cumple.
Para empezar, porque en la provincia de León no existe un censo de las colonias. Nadie sabe con certeza cuántas existen y dónde están. Y tampoco cuánto dinero invierten asociaciones, protectoras y particulares en dar de comer, atender, vacunar, esterilizar y dar asistencia médica veterinaria a los gatos que viven en la calle. Las administraciones públicas de la provincia tampoco se involucran en una red oficial para difundir adopciones.
Pero, qué sucede cuando la persona que cuida una colonia de gatos comunitarios fallece, enferma, se traslada de lugar de residencia o simplemente no puede ya hacerse cargo de ella? La respuesta oficial es el silencio.
Los cuidadores y cuidadoras sí saben qué pasa, que tienen que asumir más trabajo y más gastos porque —como aseguran— «ningún gato se queda tirado aunque esté tirado en la calle».
Para conocer la realidad, se ha lanzado una campaña nacional para analizar cómo se garantiza la atención a las colonias felinas cuando las personas encargadas habitualmente de su cuidado no pueden continuar desarrollando esta actividad. La promueve la Asociación Española de Gestoras de Colonias Felinas (Aegecof). La iniciativa «¿Y si mañana falta quien los cuida?», quiere recopilar en un informe experiencias de personas cuidadoras y entidades de protección animal y, también consultar a los ayuntamientos sobre los mecanismos de prevención, sustitución y respuesta que deben tener establecidos para estas situaciones.
«Una colonia felina no puede depender de que una persona no enferme nunca, no tenga un accidente o disponga de toda su vida para seguir cuidándola. Los gatos necesitan alimento, agua y atención todos los días. Su protección no puede quedar a merced de la disponibilidad de una única persona», afirma María Selva Vergara, presidenta de la Asociación Española de Gestoras de Colonias Felinas.
El objetivo es conocer si existen procedimientos para garantizar la continuidad de los cuidados cuando se producen ausencias imprevistas, como hospitalizaciones, accidentes o fallecimientos. Aegecof pretende averiguar si existen personas de apoyo, cómo se gestionan las bajas imprevistas y qué procedimientos se activan cuando una colonia queda sin su cuidador habitual.
La asociación proponen crear la figura legal de redes municipales de personas cuidadoras y colaboradoras, con sistemas de acreditación y coordinación, establecer sistemas de relevo voluntario para cubrir ausencias temporales o definitivas sin imponer una disponibilidad obligatoria a los particulares, desarrollar protocolos de emergencia que permitan comunicar incidencias como hospitalizaciones o fallecimientos y designar a un responsable municipal encargado de activar una solución, reforzar la captación y formación de personas colaboradoras y estudiar alternativas municipales para aquellos casos en los que no haya voluntarios disponibles.
Con la ley en la mano, muchas de estas cuestiones deberían estar resueltas. Pero no lo están. Porque la ley no se aplica.