La rebelión de las 526.000 firmas
Los veterinarios logran llevar al Congreso la derogación de la Ley 666 y la defensa de su autonomía clínica en una carrera carrera contra el reloj para recoger las firmas necesarias para sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular con el apoyo de los dueños de perros y gatos

526.443. Una carrera contrarreloj para conseguir las firmas suficientes para obligar a que las Cortes Generales abran el debate parlamentario para derogar la llamada Ley 666 y lograr una reforma de la regulación actual de los medicamentos veterinarios. Los veterinarios pueden ya llevar al Congreso sus reivindicaciones sobre la autonomía clínica y la capacidad de actuación de los profesionales.
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (Ceve) lanzó esta semana un llamamiento: se acababa el plazo y no había firmas suficientes para una Iniciativa Legislativa Popular . Los dueños de pequeños animales de León y las clínicas veterinarias de la provincia se lanzaron en las redes sociales y grupos de WhatsApp, cientos de mensajes compartidos para logar el reto. Como León, en el resto del país. Y así fue cómo se lograron más de los 500.000 avales para que Ceve pueda presentar formalmente sus alegaciones en el trámite de audiencia e información pública del real decreto que modifica el RD 666/2023 sobre distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Tras un análisis técnico y jurídico del texto, Ceve formula una enmienda a la totalidad y solicita la desestimación del proyecto y exige la derogación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio. Falta sólo el recuento y validación de las firmas recogidas.
Los veterinarios de pequeños animales denuncian inseguridad jurídica, cargas administrativas desproporcionadas y efectos negativos sobre la actividad clínica. Ceve señala además un impacto económico en las clínicas veterinarias, con descensos de productividad vinculados a la burocracia que introduce la nueva normativa y el uso de Presvet, el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos desarrollado en España por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“Estas cargas recaen con especial intensidad en pymes y profesionales autónomos”, explican desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española.
Los veterinarios denuncian que el 666 provoca retrasos en el inicio de tratamientos, dificultades de acceso a medicamentos, aumento de sobrantes farmacológicos en los hogares y riesgos asociados a adquisiciones de medicamentos veterinarios por canales no autorizados. La patronal veterinaria subraya la necesidad de proteger la ‘lex artis veterinaria’, la autonomía técnica y científica del profesional sanitario y el bienestar animal que, denuncian, la ley pone en duda al recortar la capacidad del veterinario de basarse en su experiencia y sus conocimientos científicos.
Sobre el control para impedir el abuso de antibióticos, Ceve argumenta que “los datos oficiales muestran una reducción sostenida del uso de antimicrobianos veterinarios en la última década y un empleo limitado de antibióticos de categorías críticas”.
Las alegaciones también abordan aspectos de seguridad jurídica y la desproporción de las sanciones previstas y en algunos casos aplicadas.
Por último, exigen un enfoque One Health -’Una sola salud’- una estrategia integral y multidisciplinaria que busca la salud de las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas.

¿QUÉ SE PIDE?
• Devolver la capacidad de dispensación. Permitir que las clínicas y centros veterinarios (que dispongan de la infraestructura necesaria) puedan dispensar medicamentos veterinarios directamente a los propietarios de los animales.
• Autonomía clínica plena. Restaurar la capacidad de prescripción directa de los veterinarios en sus consultas, eliminando trabas que consideran que limitan su juicio profesional.
• Reconocimiento de la formación específica. Que se reconozca la cualificación en farmacología y farmacoterapia de los veterinarios —igual que en otros países de la Unión Europea— frente al papel de garante que se le asigna al farmacéutico.
• Menos burocracia y retrasos. Acabar con los retrasos en los tratamientos (que denuncian que oscilan entre dos y cinco días) y evitar que los dueños de mascotas tengan que adquirir obligatoriamente envases clínicos de tamaño excesivo en las farmacias.