Las ventajas laborales a maltratadas dejan fuera a asistentas yeventuales

La ley integral de violencia de género, aprobada en 2004, y mejorada con algunas disposiciones de la ley de igualdad, que entró en vigor el sábado, supone un «gran avance» en la protección laboral de las mujeres que sufren esta lacra, pero «es mejorable», según una investigación llevada a cabo por la profesora de la Universidad de León, Susana Rodríguez Escanciano, que ha merecido el primer premio sobre violencia de género de la Fundación Balear contra la Violencia de Género. La profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social investigó los tres pilares de la ley integral que constan de medidas para facilitar el acceso a un puesto de trabajo a las mujeres víctimas de violencia machista, otras encaminadas a que no pierdan el empleo por faltas de asistencia y descenso de la productividad a causa de su situación y la protección económica a través de ayudas temporales. «He estudiado estos tres pilares uno por uno, viendo las virtudes de la ley y los defectos que era posible mejorar», señala la profesora que, además de 12.000 euros recibe como premio la publicación de su monografía de 300 páginas. Algunas de las lagunas que ha detectado en la ley integral, «son corregidas por la ley de igualdad», reconoce, como la posibilidad de que las mujeres víctimas de malos tratos puedan suspender su relación laboral y acceder a una prestación por desempleo de hasta 18 meses, cuando lo normal sería de seis meses. Sin embargo, estas ventajas no pueden ser aplicadas -explica la profesora- a las empleadas de hogar por las propias peculiaridades de su régimen especial de cotizaciones, puesto que es un sector que carece de derecho a prestación por desempleo. Otro defecto que ha encontrado en las recientes leyes que mejoran la situación laboral de las víctimas de violencia de género es que «muchos derechos están concebidos para contratos indefinidos, pero hay un gran número de mujeres tengan contratos eventuales», señala. En concreto, la ley garantiza que las mujeres que acrediten violencia sexista puedan optar a cambiar de centro de trabajo y a que no se tengan en cuenta sus ausencias siempre que sean justificadas por la situación de violencia. «La ley ha tenido que conciliar dos puntos de vista: la necesidad de proteger a la mujer y evitar que esta protección desincentive la contratación femenina», subraya la investigadora leonesa. En este sentido, recuerda que se subvencionan el cien por cien de las cuotas empresariales por contingencias comunes a las Seguridad Social en contratos de sustitución de trabajadoras víctimas de violencia. Aunque precisa que «el legislador podía haber sido un poco más generoso y subvencionar el cien por cien de todas las contingencias como el caso de las bajas por maternidad». Otras medidas «mejorables» son las ayudas económicas. Las mujeres víctimas de violencia machista tienen opción de cobrar durante once la Renta Activa de Inserción (RAI) y recibir una ayuda económica de seis meses (gestionada por la comunidad autónoma con fondos estatales). «Pero esta ayuda se concede toda junta a un tanto alzado, y sería mejor realizar un pago mensual», precisa. Otra medida importante es que los agresores perderán el derecho a pensiones de viudedad si hay sentencia firme y no reconciliación.