«El aborto es un derecho democrático de las mujeres»

La leonesa Marisa Castro (Mansilla del Páramo. 1946) se ha convertido en el rostro más visible del sector que defiende en España una ley de aborto de plazos y la regulación del derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la sanidad. Como feminista y educadora sanitaria en la clínica Isadora de Madrid, ha vivido muy de cerca la historia de la despenalización parcial del aborto que cumple 23 años en junio. Castro fue diputada de Izquierda Unida entre 2000 y 2004 por Madrid y defendió sin éxito ante el Gobierno Aznar la reforma del aborto. IU la ha vuelto a «fichar» para su lista madrileña como número cuatro. Estudió en las Carmelitas y fue alumna de González de Lama, a quien recuerda como el maestro que «me descubrió a García Lorca». -Las clínicas y las mujeres se han convertido en el blanco de inspecciones y denuncias por abortos en Madrid ¿Se siente perseguida? -Los sanitarios del aborto nos sentimos perseguidos y coaccionados desde hace casi 23 años. Trabajamos con inseguridad, con manifestaciones delante de las clínicas y a veces sufrimos agresiones. Esto no surge a raíz de las detenciones de la clínica de Barcelona, es una persecución sistemática a la que se suma una campaña orquestada por las asociaciones pro vida y amplificada por algunos medios. En la mayor parte de las clínicas no hay actas que justifiquen inspecciones abusivas, ni escándalo mediático. Además, gracias a la buena praxis de los sanitarios del aborto, tenemos la más baja morbimortalidad de Europa y algo que era un sueño hace 23 años: el diagnóstico precoz del embarazo. -El caso de Barcelona es como para despertar la alarma: se habla de abortos con ocho meses de gestación. -Desconozco el caso porque la clínica no está en la asociación ACAI y sólo defiendo la ley, pero no es de recibo que se persiga a todas las clínicas, como ocurre en Madrid, porque se diga que se practican en una y sin que ningún juez se haya pronunciado aún. Esta persecución no se debe a que seamos chapuceros ni malos profesionales. Es ideológica y trata de retrotraer el debate al pleistoceno. Trabajamos al amparo del marco legislativo y el 99% de las clínicas cumplen escrupulosamente la ley. Las inspecciones son abusivas y sabemos por la Dirección General de Calidad de Madrid que las denuncias son de particulares, algunas remitidas por correo electrónico. -¿Cabe una marcha atrás en la ley? -Ya no se puede debatir aborto sí o aborto no. Es un derecho reconocido en tres supuestos. El aborto no es un crimen, es un derecho democrático de las mujeres, del que no sólo gozamos las españolas, sino todas las mujeres que viven en países democráticos. Alertamos a las mujeres de que nuestros derechos no están consolidadas y se poniendo permanentemente en solfa y no existe democracia si los derechos del 52% de la población están en cuestión. -¿Por qué una ley de plazos? -El marco legislativo de hace 22 años nunca nos ha gustado, ni a las feministas ni a los sanitarios. Porque no permite a las mujeres decidir sin tutelas y están al arbitrio de jueces, médicos, maridos, novios... Esta legislación nos trata a las mujeres como si fuéramos menores de edad. Además, no regula la objeción de conciencia. Estamos a favor porque no se debe obligar a nadie a practicar abortos, pero tampoco hay un registro cerrado de médicos objetores y se da la paradoja de que hay quienes objetan en la pública y no tienen reparos en hacer abortos en la privada. Además, sólo el 3 por ciento de los abortos se realizan en la red pública, lo que, de no ser porque en las clínicas ejercemos la medicina social, excluye de este derecho a las mujeres sin recursos. Una ley de plazos razonables, consensuados en el Parlamento, es necesaria para devolver la dignidad a las mujeres y las permita decidir sobre su maternidad. -¿Por qué aumentan los abortos? -Porque no se presupuesta dinero público para la prevención del embarazo, a través una educación sexual desde la enseñanza primaria, que es un derecho. Es fundamental que un joven sepa que si no quiere ser padre tiene que ponerse un condón y que se deje de culpabilizar y responsabilizar exclusivamente a la mujer del embarazo. Si quieren evitar embarazos no deseados ese sector fundamentalista de la Iglesia no debe oponerse a los métodos anticonceptivos ni al condón, cuando hay un alarmante aumento de las enfermedades de transmisión sexual. El aborto aumenta también por la inmigración. Son de las mujeres en situación más vulnerable.