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La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil -actual denominación de la zona catastrófica- afecta a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra, según esas fuentes.

El Ejecutivo ha tomado esta medida tras una primera valoración de los daños, si bien se pueden ampliar los territorios afectados según avance el estudio de esos perjuicios. En León, la nieve y sus daños no entran en esta rueda de indemnización por tratarse de precipitaciones de un frente anterior.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que en este primer acuerdo de declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil no se han cuantificado «con precisión» los daños materiales ni personales.

En esta tarea, ha añadido Montero, sigue trabajando el Ministerio del Interior, en colaboración con otros ministerios, ayuntamientos y comunidades autónomas afectadas para lograr una estimación económica de esos daños y poder así elaborar una memoria que incorpore detalladamente los daños.

Una vez esté lista esta memoria, el Consejo de Ministros adoptará un nuevo acuerdo para delimitar esos daños, si bien en este primer paquete de medidas aprobado se incluyen ya ayudas exentas del pago del IRPF en la reparación de daños en viviendas, negocios o instalaciones públicas.

Pese a que la cuantificación de desperfectos no está aún cerrada, la portavoz del Gobierno ha dejado claro que el objetivo del Ejecutivo con esta primera declaración de zonas afectadas es «agilizar la tramitación de las ayudas para evitar demoras».

Esta es la cuantía de las ayudas por esa declaración, que son complementarias a las de otras administraciones:

Por fallecimiento: hasta 18.000 euros.

Por destrucción o daños en viviendas: hasta 15.120 euros.

Por daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros o turísticos: 9.224 euros.

Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes: resarcimiento total.

Ayudas a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a situaciones de emergencias: variable, con posibilidad de llegar al 100 %. Por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales: hasta el 50 % del coste de la reparación, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.