El juzgado ordena a la Junta aportar más Epis a los sanitarios al ser «insuficientes»

La lucha contra el coronavirus amplía su campo de batalla al terreno judicial, donde se espera un aluvión de reclamaciones contra las administraciones por su gestión de la pandemia tras el estado de alarma. Un camino que ayer allanó en León el magistrado de lo Social número 1 al volver a dar la razón al Colegio Oficial de Médicos en su petición de medidas cautelarísimas para que la Junta provea de material de protección suficiente a los sanitarios, al menos, durante la pandemia.

El juez echó por tierra el recurso de la Consejería de Sanidad, que intentó defender su actuación como la única posible en una situación tan crítica como la actual. También rechazó los argumentos sobre la falta de competencia del juzgado para abordar el asunto y sobre que la responsabilidad recaía en el Ministerio de Sanidad, al entender que Sacyl es el empleador.

El tribunal leonés desestima en su integridad el recurso de reposición interpuesto por la Junta contra las medidas urgidas por el Colegio de Médicos y también las tesis del fiscal al considerar «insuficiente» el material sanitario que se repartió en las áreas de salud de León y Ponferrada. El auto, contra el que ya no cabe recurso, mantiene el requerimiento para que «la Consejería de Sanidad continúe facilitando de forma permanente, inmediata y suficiente las medidas de prevención laboral al personal sanitario».

El magistrado estima que las entregas fueron «claramente insuficientes para que los profesionales sanitarios puedan prestar sus funciones con un mínimo de garantía para la protección de su salud y de los usuarios del sistema que tienen que atender». Recuerda que la mayoría de los equipos de protección individual (Epis) han de ser desechados tras su primer uso, según los criterios del Ministerio de Sanidad, y no aprecia que la documentación de correos electrónicos y reportes bancarios que aportó la Junta acredite que los artículos que adquirió se pusieron a disposición del personal sanitario.

El Colegio Oficial de Médicos de León acudió el pasado día 26 de marzo al juzgado para reclamar el suministro de batas impermeables, mascarillas FFP2 y FFP3, kits PCR de diagnóstico y sus consumibles, test rápidos, gafas, pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en los centros hospitalarios, de Atención Primaria, en los servicios de Emergencias, los edificios con pacientes institucionalizados y asistenciales de la provincia, ya sean públicos o privados, de modo que se garantizase la salud. El magistrado emitió el día 27 un auto acogiendo las tesis expuestas por el abogado de la organización colegial, José Luis Celemín, que el Ejecutivo autonómico recurrió y ahora ha sido desestimado. Lo que abre la vía a presentar antes de 20 días una demanda, seguramente, por derechos fundamentales por falta de protección y riesgo para la salud. El Colegio manifiesta «su satisfacción por la rapidez en la resolución del juzgado.

Los expertos en contencioso y civil creen que se avecina una gran demanda colectiva, que superará incluso a la avalancha por las cláusulas suelo, al poder demandar desde los sanitarios expuestos por falta de protección a quien haya sido obligado a mantenerse en su puesto de trabajo y se haya contagiado.