domingo 11/4/21

La gran reclusión

El coronavirus entró en las residencias de mayores de León no como tres olas sino como un tsunami. Y dejó al descubierto la indefensión de los más vulnerables. No hubo ni una sola investigación. El silencio siguió a las muertes.

Primero fue el miedo, luego el silencio. Una forma de matar las muertes. De lo que pasó dentro de los muros de las residencias de mayores se sabe poco. De por qué pasó, menos aún. Todos los intentos de que haya una investigación oficial sobre las causas han sido abortados.

La primera noticia no fue una investigación periodística ni una filtración, fue una información oficial. En realidad, un comentario. En una entrevista en Telecinco, en el Programa de Ana Rosa, la ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles, deslizó una observación. «El Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes». Era el lunes 23 de marzo de 2020, a las 11.30 de la mañana, apenas nueve días después de que el presidente del Gobierno decretara el estado de alarma en el país, la segunda vez en la historia reciente en tiempos de paz.

Luego, todo explotó en cadena. Así se supo que un protocolo dictaba que nadie tocara un cadáver hasta que llegara alguien preparado para hacerse cargo y evitar contagios. Y también que las funerarias estaban bloqueadas, que las recogidas de los fallecidos se hacían con retraso, que ancianos contagiados permanecían en sus habitaciones aislados, que no se hacían autopsias ni pcr, que las residencias estaban cerradas a cal y canto, que el pánico se había hecho fuerte en su interior, que a muchos pacientes críticos ya no los trasladaban a los hospitales y, también, que no se cogían los teléfonos. Era casi un milagro contactar con alguien de dentro que diera información sobre la situación de un familiar. En algunos casos, por un trabajo desbordado, en otros porque se impuso la ley del silencio y se dio orden de no responder a las familias. Fueron confinados a la fuerza, obligados a vivir en un régimen similar al carcelario y sin contacto familiar por orden de los poderes públicos y políticos. En la era tecnológica, con superordenadores al servicio de la ciencia con los que analizar miles de datos, nadie sabe aún cómo ni por qué se contagiaron.

El impacto que provocaron las 22 palabras de la ministra dichas en directo en una cadena de televisión mostraron, más que cualquier imagen, la realidad de la pandemia del coronavirus en el país, su golpe, su rastro letal. Eso, y la hilera de coches fúnebres llegando al Palacio de Hielo, en Madrid, que se convirtió en una gran morgue, los entierros sin gente, los féretros lacrados con cinta de zinc o el silencio en los tanatorios de León, donde dejaron de velarse los cadáveres de la pandemia, una guerra en la que no se vio sangre pero hubo muchos muertos, con el Hospital de León, como los del resto del país, convertido en un campo de batalla donde se practicó medicina, y triaje, de guerra.

La patronal del sector salió de inmediato al paso de las declaraciones de la ministra, acusaron a Robles de generalizar y criminalizar a todas las residencias y desmintieron el caos. Pero la Fiscalía General del Estado se hizo eco de la denuncia pública de la ministra de Defensa y abrió diligencias para investigar y determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal. La Fiscal General del Estado ordenó el 1 de abril y por decreto archivar la investigación. El Gobierno de Pedro Sánchez no volvió a hablar de ello. Y el ministro competente, Pablo Iglesias, también vicepresidente del Gobierno por el pacto de su partido, Unidas Podemos, con el PSOE, se escondió tras un pertinaz silencio. Nunca hizo declaraciones ni compareció públicamente. Como si nada hubiera pasado. Casi al mismo tiempo, CCOO y UGT denunciaron que los trabajadores de los geriátricos no tenían protección individual adecuada, material sanitario o ayuda para evitar el contagio de las personas mayores. En cambio, había mucho miedo a llevarse el virus a casa.

Tampoco la Junta abrió investigación alguna. Contó con la complicidad de los partidos políticos que firmaron el calificado histórico Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León —PP, Cs, PSOE, Podemos y Por Ávila—, que bloqueó una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.

Quienes vaticinaron que la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros no se equivocaron. No del todo. No al menos en el caso de los hospitales y centros de atención sanitaria leoneses en los que los sanitarios tomaron sus teléfonos particulares y acercaron con ellos a sus pacientes más ancianos los mensajes de despedida de sus familias, audios grabados con palabras entrecortadas, llamadas de vídeo de wasap con un último mensaje de ánimo cuando ya todo estaba perdido, un intento de paliar las muertes en soledad. O en los centros residenciales donde se puso en marcha una cadena humanitaria de iPad en los que mantener el contacto online con las familias. O en la residencia El Roble, de Caboalles de Abajo, en donde el 28 de marzo de 2020, en pleno tsunami —cuando todavía no se sabía que en realidad esa era la primera ola y habría al menos otras dos—, los siete trabajadores tomaron la decisión de encerrarse con los ancianos para no ponerlos en peligro.

Pese a ello, en la provincia de León, en esa primera ola, más de la mitad de los ancianos infectados en las residencias no fueron trasladados nunca a un hospital para recibir tratamiento contra el covid y no tuvieron opción a ser conectados a un respirador. De todos los residentes muertos a fecha 11 de diciembre de 2020, sólo fueron a un hospital 233, donde murieron. Los datos son del Portal de Transparencia.

Un documento filtrado a la prensa, con membrete de la Junta y los Servicios Sociales, en el que se indicaba que «se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital», fechado en marzo, y otro más en abril, provocaron la actuación de la Fiscalía de Castilla y León tras una denuncia de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’. Fue la primera de las veinte diligencias abiertas. El caso quedó archivado.

La actuación de la Junta en las residencias recibió en cambio un varapalo judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó la prohibición de que se visitara a los mayores, acuerdo que había entrado en vigor el 6 de noviembre de 2020. La razón: la medida atentaba contra los derechos fundamentales de las personas.

La pandemia abrió grandes interrogantes. Y preguntas incómodas. ¿Se priorizó la atención a los contagiados en función de su edad? ¿Recibieron los mayores la atención sanitaria y social que necesitaban? ¿Estuvieron jurídicamente protegidos? ¿Fueron sus muertes inevitables? ¿Accedieron a los mismos tratamientos que los otros afectados por el Sars-cov2? ¿Tuvieron tratamientos activos o sólo paliativos? ¿De qué manera murieron? ¿Hubo o no orden efectiva de que no fueran trasladados a los hospitales? ¿Dónde comenzó la cadena de errores? ¿Es posible otro modelo de asistencia? ¿Cuánto costaría la atención personalizada en sus propias casas, conectados a centros socio-sanitarios que sean económicamente sostenibles y generen empleos? Y, también, ¿cómo era su vida en las residencias antes de la pandemia?

Tardaron en llegar las visitas y más todavía los abrazos. Casi un año de vida en práctica soledad, un gran encierro, la gran reclusión. Fue el primer colectivo en ser vacunado. Como si de una redención colectiva se tratara.

Un año después de que se desencadenara la pandemia, las cifras de lo que sucedió en las residencias de León hablan sin necesidad de más palabras. Ayer, 28 de febrero de 2021, oficialmente 717 residentes mayores habían muerto por coronavirus (527) o síntomas compatibles con el Sars-cov2 (190) y 2.436 fueron contagiados. Especialmente dura fue la primera ola, en la que se registraron más de la mitad de las muertes. El 22 de junio, un día después de que se decretara la ‘nueva normalidad’, habían fallecido por covid en las residencias de la provincia 408 personas y 1.057 habían sido infectadas. El 8 de abril, vivían 7.406 mayores en centros residenciales de León, ayer domingo, 6.614.

No hay —las estadísticas oficiales son un desastre— un registro exacto de cuántas de esas personas mayores fallecieron en un hospital y cuántos no recibieron asistencia. Para lo que sucedió, no hay respuestas. Aún.

La gran reclusión
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