La Ceoe rompe con Yolanda Díaz por «traicionar» la reforma laboral
Exige retirar la enmienda de la Ley de Empleo que recupera el control previo de los ERE
El presidente de la Ceoe, Antonio Garamendi. J. CASARES
Nuevo golpe en la mesa de los empresarios que tensiona aún más una relación con el Gobierno que se ha ido deteriorando a lo largo de este año y que pone en peligro negociaciones clave como la reforma de las pensiones, el salario mínimo o el Estatuto del Becario, entre otras. La patronal eleva su grado de disconformidad y enfado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por muchas de las actuaciones que está llevando a cabo en esta recta final de 2022 y que, a su juicio, suponen una «traición» contra los acuerdos que habían alcanzado en los últimos tiempos.
Hasta tal grado llega el malestar, que Ceoe y Cepyme han decidido romper toda negociación con el Ministerio de Trabajo -y más concretamente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- hasta que no rectifique y retire la enmienda transaccional que incluyó el pasado martes en la Ley de Empleo en la que se recupera el control previo de la Inspección de Trabajo sobre las causas de los ERE, lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos. «La enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERE) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral», denunció la patronal en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.
La organización liderada por Antonio Garamendi recalca que esta medida que el Ministerio ha colado a través de una enmienda pactada con EH Bildu fue ya objeto de debate durante los trabajos de la reforma laboral y «apartada de mutuo acuerdo en aras del consenso», por lo que denuncian que «supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».
Contraria a la ley
«A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe», reitera el duro comunicado enviado por la patronal, que explica que este asunto se tratará y ratificará en la junta directiva que celebrarán el próximo 21 de diciembre, la primera tras la reelección de Garamendi.
Asimismo, los empresarios advierten al Gobierno que esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE con fecha de 2016.
La nueva Ley de Empleo, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y previsiblemente se votará la semana que viene, incluyó una enmienda transaccional de Bildu para que, en caso de que una empresa lleve a cabo un despido colectivo, la Inspección de Trabajo se pronuncie, de forma preceptiva, sobre si concurren o no las causas alegadas. Esta obligación la eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012, cuando también suprimió la autoridad administrativa previa.