Europa presiona al Gobierno para eliminar las medidas anticrisis

Bruselas lanzó esta semana un rotundo mensaje a España: para cumplir el objetivo de llevar el déficit al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, el Gobierno debe ser extremadamente cuidadoso con sus medidas de gasto público. La Comisión calcula que el país necesita un ajuste de unos 9.000 millones en su saldo estructural, el componente del déficit que tiene que ver con las decisiones de los gobiernos.

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo de Sánchez debe decidir en las próximas semanas qué medidas elimina y cuáles prorroga del último programa de apoyo a familias y empresas frente a la inflación, que entró en vigor a comienzos de año y que vencerá el próximo 30 de junio. ¿Primer problema? El coste electoral que supone acabar con algunas de ellas, como por ejemplo las bonificaciones aplicadas a la gasolina o al transporte público.

En el Ministerio de Hacienda defienden que aún no hay nada decidido, pero que existe margen suficiente para mantener ayudas si así se considera. Recuerdan que el déficit ya cerró por debajo de lo previsto en 2022 (en el 4,8% desde el 5% esperado), así que los Presupuestos de este año parten con esa holgura extra. «La decisión se tomará en función del efecto que hayan tenido las medidas a la hora de combatir la inflación o mitigar su impacto», indican. No obstante fuentes del Ejecutivo matizan que, esta vez y después de seis planes anticrisis en los que se han gastado unos 35.000 millones (más otros 10.000 en avales), se tendrá en cuenta la efectividad de las medidas, pero también su coste fiscal, para no alejarse de los exigentes objetivos pactados con Bruselas.

La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que solo el último decreto anticrisis tendrá un impacto de 14.000 millones. Las medidas de gasto serán las más notables con 7.931 M€, incluyendo ayudas al transporte o a las empresas intensivas de gas, así como los descuentos al transporte público o el cheque para vulnerables.