Álvarez de Toledo tensa más la cuerda con el PP y se niega a pagar la multa
Cayetana Álvarez de Toledo, en la presentación de su libro ‘Políticamente indeseable’. JAVIER LIZÓN
La batalla entre Cayetana Álvarez de Toledo y el PP no cesa. La exportavoz de la formación popular se ha rebelado contra la decisión del abrirle un expediente por haber roto la disciplina de voto en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que su formación pactó con el Gobierno.
La diputada por Barcelona ha remitido una carta al secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, en la que dice «dar por no recibido» dicho expediente sancionador y sostiene que su voto en blanco fue acorde con los principios de despolitizar las instituciones que guían al PP. El «voto a favor», dice, sí que fue en contra de la doctrina popular. «No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor».
En el escrito de siete páginas, Álvarez de Toledo sostiene que el expediente abierto «vulnera los procedimientos legales, incumple los estatutos del grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular».
Recurre también a palabras del líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, en las que subrayan la necesidad de dotar de independencia e imparcialidad al tribunal garante del cumplimiento de la Carta Magna.
Según la diputada, los estatutos del PP «están velados por el secretismo y no son de libre acceso ni para diputados ni para ciudadanos ni para los medios de comunicación». Considera, por tanto, «que no se puede imponer una sanción en razón de una norma secreta». De hecho, según su versión, tuvo que pedir esos estatutos tras recibir con fecha 30 de noviembre la carta en la que se le comunicaba el expediente.
Álvarez de Toledo, que ha reiterado su negativa a abandonar el partido y su escaño, finaliza su escrito asegurando que sancionarla a ella sería como «sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular».