sábado 28/5/22

«El Centro Nacional de Inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». Este es el artículo 1 de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que suena una y otra vez en el CNI en las últimas horas. Es decir, la norma que hace exactamente 20 años alumbró la creación de los entonces nuevos servicios secretos. Este viernes, y mientras invocaban una y otra vez ese artículo primero de la ley que define su actividad, los responsables del espionaje español mascullaban las 14 palabras con la que la Secretaría de Estado de Comunicación comenzaba el argumentario que envió el jueves por la tarde a todos los medios de comunicación después de que se confirmara que uno de los 18 miembros del independentismo espiados por el Estado en 2019, con autorización judicial, era el hoy líder de la Generalitat, Pere Aragonès: «El Gobierno no sabe ni puede saber nada de lo que hace el CNI».

Moncloa insiste en que el presidente Sánchez nunca supo nada de las vigilancias a quien hace tres años era el número dos del Govern comandado por Quim Torra y su consejero de Economía; y que el Ejecutivo no estuvo al tanto de ese espionaje. Pero la versión que llega de fuentes de los servicios secretos no coincide con la difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación. Fue la directora del CNI, Paz Esteban, la que en aquel otoño de 2019 dio luz verde a la propuesta de ‘hackear’ el teléfono de Aragonès. Esteban estaba entonces en situación de interinidad en sustitución del jubilado Félix Sanz Roldán, ya que no fue nombrada oficialmente como directora hasta febrero de 2020. Tras obtener la autorización del magistrado del Supremo Pablo Lucas, Pegasus infectó en tres ocasiones el terminal de Aragonès, según el análisis de Citizen Lab. El colectivo canadiense que destapó el ‘catalangate’ no pudo determinar cuándo se produjeron los ataques. Pero en el CNI aclaran que se lanzaron en la segunda mitad de 2019 coincidiendo con la aparición en escena de Tsunami Democràtic, la misteriosa plataforma independentista de protesta que desplegó un alarde de logística y medios desde su irrupción y que enseguida levantó sospechas de que pudiera estar recibiendo dinero público.

Según mandos de la seguridad del Estado, Esteban despacha semanalmente, «salvo rarísimas excepciones», con la titular de Defensa, Margarita Robles. En otoño de 2019 las reuniones fueron «especialmente intensas» habida cuenta de la situación «extrema» en Cataluña por los disturbios desencadenados tras la sentencia condenatoria del ‘procés’, detrás de muchos de los cuales estaba Tsunami Democràtic.

En ‘La Casa’ insisten en que el Gobierno estuvo informado en todo momento de los avances de los servicios secretos sobre Tsunami y otros colectivos independentistas.

La directora del CNI dio luz verde al espionaje a Aragonès
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