Dolores Delgado se marcha sin sacudirse la sospecha de actuar al dictado de Sánchez

Su trabajo nunca se iba a analizar de forma objetiva. Pero eso Dolores Delgado (Madrid, 1962) ya lo sabía y lo asumió cuando aceptó el cargo el 13 de enero de 2020, desmintiendo a quienes la daban por defenestrada por sus polémicas como ministra de Justicia. Era consciente de que se haría una segunda lectura de todo lo que fuera a hacer. De que un mínimo suspiro iba a ser diseccionado. Pero es el precio que tenía que pagar por su pasado. La simple sombra de haber usado el trampolín del Ministerio de Justicia para convertirse en fiscal general del Estado —y sin estaciones intermedias— comportaba riesgos reputacionales evidentes.

Decían entonces que aprovechó los meses de confinamiento y perfil bajo (tomó posesión del cargo el 26 de febrero, poco antes de que los juzgados entraran en letargo para combatir al coronavirus) para interiorizar que nunca más sería ‘Lola’ Delgado, la fiscal que metió a la yihad en el Código Penal español cuando se convirtió en la primera especialista en el islamismo radical en el entramado judicial español. Empezaba a ser consciente de que jamás volvería a ser catalogada como una jurista imparcial. Que aquella ‘Lola’ de la Audiencia Nacional a la que convocaban los foros jurídicos de todas las tendencias se iba para siempre. Que para la posteridad sería Dolores Delgado García, la «fiscal y política», como ya la definía Wikipedia. O, simplemente, la fiscal de Pedro Sánchez, que solo meses antes de hacerse con las riendas del Ministerio Público andaba de mitinera del PSOE, codo con codo con el otro togado independiente metido en la arena partidaria socialista, Fernando Grande-Marlaska, también acusado de utilizar las instituciones del Estado para favorecer al Gobierno que le nombró.

La sombra de la eterna sospecha de parcialidad se ha convertido en estos dos años en su compañera de viaje, una losa muy pesada para alguien que, como Delgado, sostenía en una cena anterior a su nombramiento —y al coronavirus— que cuando acabara esta «aventura» quería volver a los estrados, a pesar de que le había cogido el gusto al gusanillo de la política.

Los que la quieren —y en ese grupo no solo se cuenta su amigo, padrino y mentor Baltasar Garzón— insistían en denunciar «la injusticia» que estaba sufriendo. Que hiciera lo que hiciera iba a pasar. Que a las primeras de cambio la iban a señalar por emplear la Fiscalía como una extensión del Ejecutivo. Y así fue. Pero la casualidad hizo que fuera por partida triple: resucitó la investigación contra Juan Carlos I por las ‘mordidas’ del AVE a La Meca; rebajó la acusación contra el ‘major’ Josep Lluís Trapero por el ‘procés’ a sedición o desobediencia; y pidió el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración del 8-M poco antes de decretarse la alerta sanitaria por la pandemia.

Esa fue su carta de presentación. Todo concentrado en unas pocas horas. Munición pesada, de saque, para sus detractores. A saber: que acusaba al emérito por el empeño de un sector del Gobierno de coalición (evidentemente, el de Podemos) por no dejar pasar más los negocios del exjefe del Estado por los que acabó con diligencias ante el Supremo; que lo de dar la posibilidad al exjefe de los Mossos de librarse de la cárcel, aunque fuera congruente con lo que sentenció el Supremo en el ‘procés’, respondía en realidad al acuerdo de investidura de Sánchez con ERC; o que lo de oponerse a investigar al Ejecutivo por su responsabilidad en la transmisión del virus por autorizar el 8-M buscaba solo salvar al Ejecutivo del que formó parte.

Cazada por Villarejo

Pero ha habido un fantasma que sigularmente ha perseguido a Dolores Delgado: el excomisario José Manuel Villarejo. Los que no la apreciaban maliciaban entonces con lo curioso que resultaba que las famosas grabaciones del exmando policial a Corinna Larsen amenazaran con arruinar la vida de Juan Carlos I pero que esas mismas cintas no tuvieran ningún efecto sobre Delgado. Y eso que los micrófonos ocultos de Villarejo registraron -y luego toda España lo escuchó en septiembre de 2018- cómo la actual fiscal general del Estado no solo llamaba «maricón» a Marlaska, sino que se jactaba en una comida con el comisario y en la que estaba presente Baltasar Garzón de haber visto, y no denunciado, cómo compañeros de carrera se iban con menores en Colombia.