sábado. 04.02.2023

El Gobierno pasó este jueves de puntillas sobre las críticas a la derogación del delito de sedición incluidas por el juez Pablo Llarena en el último auto de procesamiento de Carles Puigdemont y otros excargos independentistas huidos de la Justicia. En un intento de minimizar el alcance de sus cesiones a Esquerra Republicana de Catalunya, socio parlamentario clave, la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, se aferró a que Llarena haya decidido mantener el procesamiento por malversación y desobediencia para argumentar que al fin y al cabo el auto evidencia que la intentona independentista sigue teniendo un «reproche penal» y que «aquellos que cometieron los hechos tienen que responder ante la justicia». En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exconsejera Clara Ponsatí, hasta ahora acusadas solo de sedición, la premisa, sin embargo, no se cumple. A pesar de defender con vehemencia sus gestos hacia ERC como pasos para «desinflamar» la situación y mejorar la convivencia en Cataluña, los socialistas son plenamente conscientes de que el debate puede acarrearles un importante desgaste y así lo admiten en privado. La reforma penal se hizopara lograr efectos similares a los de una amnistía y Aragonès, subrayó hoy que, por lo pronto, «cae el delito más grave».

El Gobierno se aferra a que sigue la busca y captura
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