El Gobierno y la Generalitat manejan una agenda alternativa para la nueva mesa de diálogo
Las delegaciones del Gobierno y de la Generalitat constataron en la reunión de la mesa de diálogo lo evidente, que sus posiciones están muy alejadas. Pero tanto Pedro Sánchez como Pere Aragonès tienen caminos alternativos para avanzar en el proceso que se ha abierto, con dos años de plazo para que se produzcan avances.
Ni amnistía (inviable) ni autodeterminación (inconstitucional y divisiva) ni agenda para la reconstrucción (insuficiente). Los dos presidentes, primero, y los cinco ministros y dos consejeros catalanes, después ,se cerraron en banda ante las propuestas del otro lado de la mesa. Los acuerdos a los que llegaron la Moncloa y el Govern, si los hubo, están cubiertos por un manto de secreto. Solo trascendió un tímido consenso sobre metodología -más encuentros discretos que públicos- y de calendario para tener, si es posible, citas mensuales. Si no hay nada de qué hablar sobre los temas puestos sobre la mesa, de qué van a dialogar «sin prisas, sin pausas y sin plazos». Es la pregunta razonable que surge tras la reunión de cuatro horas largas del pasado miércoles en el Palau de la Generalitat. Ambas partes guardan casi con reserva total sus planes. Aragonès pretende «explorar la posibilidad de crear legislación en España que permitiría legalizar la votación». El presidente catalán se refería a una reforma de la ley del referéndum o la aprobación de una nueva normativa que dé base jurídica a una consulta sobre el futuro de Cataluña. Algo simillar a la ley de claridad de Canadá para las demandas secesionistas de Quebec.
El Govern también busca una fórmula legal que permita el retorno de «los exiliados», como denominan en las fuerzas nacionalistas a Carles Puigdemont y al resto de dirigentes fugados en 2017 ante la apertura de procesos judiciales por el referéndum ilegal del 1-O. El levantamiento de la orden de busca y captura sería la solución ideal, apuntan en Esquerra.
disposiciones adicionales
Pero el Gobierno recuerda que esa decisión está en manos del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, no en las suyas. Los republicanos aluden al antecedente de la exconsejera Meritxell Serret, que huyó junto a Puigdemont a Bélgica, pero que regresó a España el pasado 11 de marzo al no pesar sobre ella dicha orden.
La Moncloa también tiene cartas que no ha mostrado o apenas ha enseñado. Entre ellas, la reforma estatutaria. Un asunto que salió en la reunión, pero que ambas partes acordaron aparcar.