sábado 17/4/21
La situación del rey emérito

Juan Carlos I paga a Hacienda 678.393 € para evitar que le abran una causa judicial

El emérito presenta una declaración voluntaria por el uso de tarjetas opacas para gastos suyos y de familiares directos
El rey emérito Juan Carlos I baja de un avión con ayuda en una imagen de 2016. JEFFREY ARGUEDAS

Juan Carlos I anunció ayer a través de su abogado que ha procedido a presentar ante la Agencia Tributaria una declaración «sin consentimiento previo» de la que ha resuelto una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros, «incluyendo intereses y recargos».

Esta cuantía se refiere al uso de tarjetas opacas por parte de miembros de su familia durante al menos tres ejercicios: 2017, 2018 y 2019. Unas pesquisas que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo junto a dos diligencias más: la transferencia de 65 millones de euros que hizo a su examante Corinna Larsen en 2012, «como muestra de gratitud», antes de su abdicación y los diez millones de euros aparecidos en una cuenta en el paraíso fiscal británico de Jersey presuntamente vinculados al exjefe del Estado, aunque su defensa lo niega.

Las otras causas
La Fiscalía investiga la transferencia de 65 millones a Corinna y 10 millones en Jersey

En el comunicado conocido este ayer, el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, recalcó que su cliente «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos». Una declaración de intenciones en línea con otros comunicados, que deja la puerta abierta a un posible regreso del padre de Felipe VI desde su ‘exilio’ de Abu Dabi, donde se fue a principios de agosto empujado por sus problemas judiciales.

Un 'regalo' mexicano

En el caso de las tarjetas de crédito de las que hacían uso integrantes de su familia, desde el entorno de don Juan Carlos defienden que se enmarca en un «regalo» del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, a quien pertenecen estos fondos y cuyo movimiento no había dado cuenta el rey emérito a la Agencia Tributaria en los citados ejercicios.

La operación destapada consistía en que el dinero gastado en asuntos personales se giraba a la cuenta de quien fue ayudante de campo del emérito durante más de una década: el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, quien utilizando sus propias tarjetas de crédito administraba esos fondos que después, presuntamente, satisfacía el empresario mexicano.

Así operaban
El ayudante de campo del rey emérito administraba los fondos que ‘regalaba’ un empresario mexicano

Con el anuncio de ayer, el siguiente paso del equipo legal será comunicar a la Fiscalía la declaración voluntaria ante Hacienda y evitar así que este organismo le enviase un requerimiento previo. El delito fiscal se produce cuando los fondos no declarados superan los 120.000 euros en cada ejercicio.

Fue a principios de noviembre, apenas unos días después de que se confirmara que la Fiscalía del Supremo preparaba para antes de final de año el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí, cuando se supo, por una filtración a un medio digital, que Anticorrupción investigaba a don Juan Carlos por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales.

Indicios de delito

La publicación de la noticia no tardó en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019 y se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

No sólo él
Familiares directos de Juan Carlos I también usaban esas tarjetas ‘black’ para sus gastos

Pues bien, ahora, a diferencia de ocasiones anteriores, Juan Carlos de Borbón ha reconocido el uso de esas tarjetas ‘black’ y se ha acogido al artículo 305.4 del Código Penal español en el que se establece que «se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Juan Carlos I paga a Hacienda 678.393 € para evitar que le abran una causa judicial