La justicia investiga los 6.500 millones adjudicados a dedo en material anticovid

Fueron días de zozobra y miedos. Pero también de unas prisas y falta de rigor y controles que jamás antes se habían visto en las diferentes administraciones españolas. Dos años después del inicio de la pandemia y el primer estado de alarma, diferentes jueces y la Fiscalía han comenzado a indagar sobre la limpieza de aquellos contratos millonarios para adquirir contra el reloj material sanitario en un mercado convertido en un gran zoco mundial, particularmente mascarillas, guantes, epis, test de covid y respiradores.

En medio del escándalo por las adquisiciones del Ayuntamiento de Madrid a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, la variedad de posibles irregularidades que están siendo revisadas por Anticorrupción, según revelan fuentes de este departamento, es casi interminable: empresas sin experiencia regadas con contratos millonarios, contratos a firmas de las que se desconocía incluso su domicilio, sobrecostes aceptados sin rechistar por las administraciones a pesar de que en algunos casos llegaron al 1.000% del valor en circunstancias normales, comisiones de intermediarios por encima del propio valor del material entregado, suministros con una calidad muy inferior a la prometida, material inservible o no certificado, adjudicaciones que directamente no se entregaron o que se entregaron solo parcialmente, contratos que se publicaron fuera de plazo, otros que, todavía a día de hoy, no se han publicado en los portales de transparencia, adjudicaciones plagadas de erratas y errores o utilización de expedientes de urgencia para contratos que nada tenían que ver con la pandemia como la compra de pistolas táser, campañas turísticas, gestión de piscinas municipales o contratos televisivos.

El trabajo de revisión, según explican en Anticorrupción, es ingente y podría llevar años, lo que probablemente provocaría que, una vez concluida la investigación, el caso estuviera prescrito. Y es que las cifras que se movieron en aquellos días son de vértigo.

Según la Fundación Civio, la entidad que con mayor rigor está escrutando aquellos expedientes, solo en 2020 las administraciones públicas firmaron 16.589 contratos de emergencia (es decir, a dedo y sin publicidad ni concurrencia), los cuales dieron luz verde a 25.068 adjudicaciones (algunos contratos contenían varios lotes). En total, en ese primer año pandémico se liberaron en contratos covid 6.445 millones de euros por parte de las diferentes administraciones. Si se tiene en cuenta únicamente al Estado, este se gastó 3.236 millones sin concursos públicos.

En esa marea de datos y cifras se mueve la Fiscalía, que en la mayoría de los casos bajo sospecha y a pesar de apreciar «sobrecostes evidentes» y «comisiones desmesuradas», está tirando la toalla al no tener pruebas de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos. Los cuatro ilícitos que serían aplicables en principio.

Así las cosas, ahora sólo hay dos investigaciones judicializadas sobre los desmanes de los contratos en la pandemia. En la primera hay ya tres imputados. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha tomando declaración como investigados al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios; la directora general de la Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, y la alto cargo de Hacienda Paloma Rosado. El origen de esta causa es una querella de Vox contra los altos cargos del departamento que dirigía Salvador Illa por 56 contratos supuestamente sospechosos, entre los que destacan una docena de ellos por los que Sanidad pagó 313 millones a empresas con «direcciones desconocidas».

«Dirección desconocida»

Una de esas firmas de «dirección desconocida» cuyas adjudicaciones están siendo investigadas es la segunda empresa que más ganó en 2020 con la pandemia gracias a los contratos públicos. Se trata de Hongkong Travis Asia Limited, que se llevó cinco contratos por más de 187 millones.

La segunda investigación judicializada sobre los contratos covid es la que afecta precisamente al hermano del duque de Feria, Luis Medina, y a su amigo Alberto Luceño. Ambos, ya imputados, deberán declarar el día 25 ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En este caso son tres los contratos bajo sospecha por la venta al Ayuntamiento madrileños de mascarillas, guantes y test rápidos en marzo de 2020 por 14,5 millones. Una operación por la que los socios se habrían repartido más de cinco millones en comisiones.

Aunque sigue expurgando centenares de adjudicaciones, sólo consta que Anticorrupción haya abierto diligencias previas sobre otro conocido contrato: el de las 250.000 mascarillas que Priviet Sportive vendió por 1,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid con la intermediación del hermano de la presidenta. Según reconoció la jefa del Ejecutivo, Tomás Díaz Ayuso cobró al menos 55.850 euros más IVA por su intervención en esa transacción.

El Ministerio Público, por ahora, no ha tomado decisión alguna sobre otro paquete de adjudicaciones polémica: los doce contratos por valor de 326 millones de euros firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria y que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, bajo orden de Ayuso, denunció a Anticorrupción el 10 de marzo por favorecer, supuestamente, a siete empresas relacionadas con el PSOE.