Podemos presiona para apuntalar el giro a la izquierda de Sánchez en los Presupuestos

Las dos mitades del Gobierno viven un verano de calma tensa. Mes y medio después del virulento choque por el aumento del gasto militar y las muertes de inmigrantes en la valla de Melilla, Unidas Podemos y PSOE acabaron enfriando la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de coalición que pidió «urgentemente» la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Todo se saldó con un encuentro entre la líder gallega y Pedro Sánchez al final del curso político. Fue la intervención del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación la que calmó las aguas. Sobre todo tras su anuncio de establecer nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de eléctricas y banca.

Esta declaración provocó euforia en el sector morado, que lo interpretó como un «giro a la izquierda» de los socialistas y una oportunidad de «reeditar el Ejecutivo de coalición». Con esta medida presentada en el Congreso de la mano de ambos grupos parlamentarios, el siguiente hito de la legislatura presagia un nuevo encontronazo por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

El partido liderado por Ione Belarra tratará de apuntalar todas las medidas sociales de su programa antes de que se acerque el nuevo ciclo electoral: autonómicas, municipales y la guinda de las generales.

Los dos socios se están rearmando para la recta final de legislatura. Los socialistas han reestructurado todas sus portavocías para redoblar su estrategia comunicativa y Podemos ha aumentado su peso en el Gobierno con la sustitución del líder del PCE, Enrique Santiago, por la número tres del partido, Lilith Verstrynge, como secretaria de Estado para la Agenda 2030. Todo mientras Sumar, el proyecto de Díaz, continúa en fase embrionaria y no espera estar operativo hasta después de las municipales de mayo.

En ese contexto, la negociación de las cuentas públicas se antoja como un nuevo campo de batalla en el que todos los interesados —también los aliados de la investidura como Esquerra, EH Bildu o PNV— buscarán marcar terreno ante sus electores.

Belarra lleva días insistiendo en que el objetivo de Podemos pasa por «trabajar muy intensamente en las próximas semanas» para tratar de arrastrar a los socialistas hacia sus posiciones en los Presupuestos, que serán, asegura, «la prueba del algodón de la coalición».

Una vez aumentado el techo de gasto para 2023 (que alcanzará los 198.221 millones, un 1,1% más que este año), los morados dan por hecho de que tendrán que tragar el sapo del aumento del PIB destinado al Ministerio de Defensa, por eso ven la oportunidad de sacar rédito social a cambio. Lo que Díaz describió como «soluciones imaginativas».

«El techo de gasto que autoriza el Gobierno nos va a permitir construir unos presupuestos a la altura de lo que nuestro país necesita. Estos PGE tienen que proteger a las familias, frenar la inflación y marcar un claro rumbo valiente y ambicioso para el final de la legislatura», zanjó la también ministra de Derechos Sociales.

Aunque ya se ha producido una primera toma de contacto entre ambas delegaciones (los socialistas, encabezados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los morados, por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez), las negociaciones comenzarán oficialmente a la vuelta del verano.

Antes de que se inicien, en Podemos exigen el desbloqueo «inmediato» de la ley de familias o la ley de vivienda. Esta última aún necesita pasar por el Congreso para salir adelante. La medida ha sido uno de las grandes discusiones en el Consejo de Ministros desde noviembre de 2020, cuando Belarra era aún secretaria de Estado y se veía las caras en las conversaciones con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

EL ALQUILER, INCLUIDO

Los morados ven «razonable» que esta acabe incluyendo una regulación de precios del alquiler, que la Sareb ceda sus pisos al parque social de las administraciones públicas y prohibir de forma permanente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Otra de las cuestiones en liza para acercar posturas, aunque no se insertará en las cuentas, es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’. Entre los elementos que demanda el espacio confederal, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, señala la necesidad de revisar la sanción por falta de respeto a los agentes policiales porque ahora, dice, es «ambigua» y puede utilizarse «para poner multas cuando alguien mira mal a un policía», o la responsabilidad jurídica de los convocantes de manifestaciones cuando se producen altercados.

Pero si hay una medida que los morados no quieren dejar escapar antes de las próximas generales es su ansiada reforma fiscal. Echenique ha deslizado en varias ocasiones que la posición de su formación en la negociación presupuestaria pasará por endurecer los impuestos a las grandes empresas. Por ejemplo, ya ha planteado alzar diez puntos el destinado a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias o aplicar el IVA en las universidades privadas con ánimo de lucro, acabando con la exención que ahora disfrutan. Sobre todo porque son «buenas ideas», asegura.

Unidas Podemos basa sus cálculos en que España se encuentra ocho puntos por debajo de la media europea de recaudación y eso, apuntan, «se traduce en una merma de recursos para los servicios públicos entre 80.000 y 90.000 millones». Ahora llaman a superar esta situación «muy perversa» y evitar frenar la inversión pública para cuadrar las cuentas «cuando hay mucho margen para elevar el gasto y reducir la deuda a la vez, si las grandes empresas y rentas pagan más tributos».

Pero con un poder combinado de 153 diputados en el Congreso, los socialistas son conscientes de que no solo necesitan a sus socios de Gobierno para sacar adelante los Presupuestos. Fuentes cercanas a la dirección de los morados ya advierten de que sus propuestas «ayudarán a atraerse al resto de socios de investidura». Una estrategia de bloques poco disimulada que ya pusieron en práctica en 2020 y 2021, cuando buscaron alejar al PSOE de Ciudadanos, al evitar que sus votos fueran imprescindibles, y atraerlos a un terreno más cercano a sus postulados en la órbita de Esquerra o EH Bildu como aliados principales.

El apoyo de Esquerra está en el aire después de que se destapara el espionaje a través del software Pegasus a más de sesenta líderes independentistas catalanes y vascos. Los republicanos rompieron con Moncloa y retiraron su apoyo a cualquier propuesta presupuestaria. Pero la política avanza a grandes pasos en esta legislatura y el panorama ha podido cambiar tras la última reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, celebrada el 27 de julio. Sobre todo, tras los compromisos adquiridos por la no judicialización del ‘procés’ ni del catalán en las escuelas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que encabezó las negociaciones, niega en cambio que la cuestión presupuestaria esté detrás de este acuerdo. «No hemos tratado en absoluto en la mesa nada de Presupuestos ni de otra cuestión diferente a los acuerdos. Queremos seguir sacando adelante una agenda legislativa progresista y beneficiosa para nuestro país», zanjó.