Un resquicio legal permite impulsar a Urkullu el aplazamiento del 5-A
La situación que se vive en Euskadi y en Galicia será el precedente para futuros comicios
Comparecencia de Urkullu ayer, con distancia de seguridad.
De haber algún paraguas legal para modificar la fecha de las elecciones vascas se llama estado de alarma —sin apenas precedentes en España—y, ayer, Pedro Sánchez anunció que activará hoy sábado el botón nuclear de la excepcionalidad que puede retrasar ‘sine die’ los comicios del 5 de abril en Euskadi y Galicia. Pero en lo legal la situación no es nada sencilla, al existir un vacío que dificulta la toma de decisiones ‘ad hoc’.
El lehendakari apuesta por ganar tiempo a la espera de la reunión que este lunes celebrará con los líderes del resto de formaciones políticas vascas.
Lo «importante», dijo Iñigo Urkullu, es que los partidos políticos tengan un «criterio y sea lo más consensuado posible» sobre las medidas a adoptar sobre la jornada electoral. E incidió en la necesidad de que la decisión que se adopte se haga «de común acuerdo» con las instituciones «afectadas».
Si no es así, explican fuentes conocedoras de la situación, se podría producir un recurso judicial por cualquier actor disconforme y sus consecuencias serían impredecibles.
Urkullu, en una intervención el viernes sin prensa, reconoció que el Gobierno y sus servicios jurídicos ya analizan «legal y jurídicamente... todas las circunstancias que afecten a la campaña y las votaciones del 5 de abril».
Tras recordar que existe «una laguna en el ámbito del Estado español» para impulsar un eventual aplazamiento, el lehendakari explicó que «estamos con la pretensión de escuchar, analizar las medidas si está en nuestras manos».
Pero el tiempo apremia. A las doce de la noche del jueves próximo comienza la campaña electoral y la toma de decisiones no puede demorarse en exceso. Quizá durante la videoconferencia que Pedro Sánchez mantendrá con todos los presidentes autonómicos puede encontrarse algo de luz al dilema al participar tanto Íñigo Urkullu como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. La Junta Electoral vasca se reunió el miércoles y no se considera competente, aunque allí algunos juristas hablaron de la declaración del estado de alarma como vía factible para una potencial suspensión.
SENTAR UN PRECEDENTE
El estado de alarma es un precepto recogido en la Constitución que da amplios poderes al Ejecutivo y que ya se usó una vez: a finales de 2010 con la huelga de controladores aéreos. Estuvo en vigor más de un mes.
En declaraciones a los medios y tras concluir la reunión del miércoles, el presidente de la Junta Electoral territorial también presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra,admitió que existe una «laguna jurídica» y, aunque sin mencionar de forma expresa el Estado de alarma, sí recalcó que hoy en día ese vacío se puede «rellenar» con normas que ya existen.
Pero así como la Constitución contempla la activación del estado de alarma a través de un decreto ley en cuestiones de «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves», la propia Carta Magna también prohíbe recurrir a los decretos leyes para modificar la normativa electoral (artículo 86.1). ¿Entonces? He aquí el dilema y el «vacío legal». Lo que está claro es que la situación que se vive en Euskadi y en Galicia será el precedente para el futuro, de ahí la necesidad de actuar con la máxima diligencia.