El diputado conservador William Wragg denunció ayer en el Parlamento que «empleados de la oficina del primer ministro, asesores, ministros del Gabinete y otros», están «chantajeando» a quienes quieren la dimisión de Boris Johnson. Les amenazan, según él, con la retirada de fondos públicos a las circunscripciones que representan y con alentar la publicación de artículos en la prensa que dañen su reputación.
Wragg, en una declaración pronunciada en el inicio de la reunión del Comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales —que él mismo preside—, afirmó que esos actos significan quiebras del código de conducta ministerial y animó a sus colegas amenazados a denunciarlo al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía.
El portavoz del primer ministro respondió a la acusación de Wragg afirmando que no tiene «constancia de ninguna prueba que respalde esas alegaciones claramente graves». Y añadió que, «si hay alguna evidencia que las respalde, la analizaremos con mucha atención». El presidente de los Comunes, sir Lindsay Hoyle, invitó a los afectados a que le escriban, y puntualizó que es tarea de policías y fiscales la investigación de posibles delitos.
Wragg es uno de los diputados conservadores que ha pedido públicamente a Johnson que dimita, como consecuencia del desvelamiento de que el personal de Downing Street y el propio primer ministro organizaron y asistieron a reuniones sociales que habrían quebrantado las normas de los confinamientos dictadas por el Gobierno durante la pandemia.
