TRIBUNALES
Operación Púnica: "El interventor debió formular reparo a tanto fraccionamiento de gasto", dice Rafael Benito
El contable cesado por Isabel Carrasco tras oponerse a sus desembolsos en publicidad cree que Jesús López obró de forma indebida tras tomarle relevo en su puesto
Rafael Benito, responsable del principal departamento de control de administración de la Diputación y anterior interventor del Palacio de los Guzmanes, fue cesado por oponerse a los criterios del gabinete de Presidencia que dirigía Isabel Carrasco a la hora de gestionar la publicidad que daba amparo a los servicios de reputación. Así lo ha declarado esta mañana en el primer turno de prueba testifical celebrado en la Audiencia Nacional, en el marco del juicio que se sigue por pieza leonesa de la Operación Púnica.
Rafael Benito era el anterior intervención de la Diputación. DL
Benito ha ido comentando como era el día a día en su servicio hasta que cesó y paso a otro departamento. Su puesto lo ocupó como relevo Jesús López, que ahora figura en el listado de acusados por esta causa.
"A mí se me cesó por disparidad de criterios en expedientes a los que yo formulaba reparos. Pero no tiene nada que ver con el gabinete de prensa, donde yo formulaba observaciones a la fiscalización, pero no ponía reparos. Eso era otra cosa". Pedro Vicente Sánchez era diputado "pero también creo que formó parte del personal eventual en calidad de cargo de confianza", advirtió. "En principio un eventual no debe dar el visto bueno a las facturas pero nos hemos encontrado a veces con que alguien tiene que hacerlo y no tiene sentido que lo haga por ejemplo el gabinete de prensa".
Desde su punto de vista, el interventor acusado "debería haber formulado reparo a tanto fraccionamiento de facturas. Se debería haber recurrido a un expediente de contratación, Intervención puede tener un problema puntual en una o varias facturas, pero no tantas porque el compromiso de gasto no se adecúa al ordenamiento jurídico". Lo dijo a preguntas expresas de Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez, las dos fiscales anticorrupción.
Para salir al para de las "afirmaciones contradictorias" que apreció en el testimonio de Benito, Juan Carlos Zataraín (abogado del siguiente interventor, Jesús López) preguntó por el informe del testigo y por la existencia de más de 1.000 facturas con propuestas de gasto inferiores a 6.000 euros entre 2012 y 2014: "No es cierto que sean de fiscalización limitada. De hecho, no la tienen", aseguró.
Diego Armesto, viceinterventor de la Diputación. DL
El siguiente testigo citado es Diego Armesto. interventor adjunto. "No es que hubiera una incidencia en San Isidro, es que la fiscalización era mía porque él (en referencia a Jesús López) había tenido algún problema", declaró. Las facturas "se correspondían con servicios prestados, no había instrucciones de cosas generales".
No hay "un procedimiento que detecte de forma automática el pago de gastos no justificados, esa labor la debe de hacer todo el equipo", señaló. "No era un gasto que se realizara solamente con la prensa, era un modelo que aplicábamos cuando había un gasto sobrevenido o imprevisto, pero no puede darse durante 29 meses seguidos, eso ya es otra cosa", aseguró.
