Coag y UPA reclaman a Carriedo una ley, y no un decreto, que regule las explotaciones ganaderas
Las organizaciones profesionales agrarias Coag y UPA reclamaron ayer al consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, que la regulación de las explotaciones ganaderas de la Comunidad se desarrolle mediante una ley y no con un decreto. En el transcurso de una reunión mantenida en Valladolid, ambas opas consideraron la necesidad de que se agilice la aprobación de una normativa que permita a las industrias del sector cumplir con los requisitos medioambientales. Concretamente, el coordinador regional de UCCL-Coag, Jesús Manuel González Palacín, reclamó «que se agilice lo máximo posible la aprobación del decreto, que debería ser ley, porque un decreto podría ser impugnado con facilidad». En esta misma línea se pronunció el secretario general de UPA en Castilla y León, Julio López, ya que, en su opinión, «es necesario legalizar las explotaciones ganaderas» que se encuentran en situación «alegal». Ante estas reivindicaciones, el consejero respondió que la decisión de convertir la norma reguladora en decreto o en ley está en manos de la Asesoría Jurídica de la Junta. En todo caso, no descartó la posibilidad de que sea una ley y que las Cortes de Castilla y León la aprueben por la vía de urgencia para que entre en vigor lo antes posible. Además, Fernández Carriedo manifestó la «intención» de su Consejería de «regular con el tiempo las explotaciones en municipios pequeños», es decir, de menos de 10.000 habitantes. También mostró la «voluntad» del Gobierno regional de que «las explotaciones tradicionales y familiares puedan pervivir en el futuro y sean compatibles» con el cumplimiento de los requisitos ambientales. Ataques de lobos Tanto Palacin como López mostraron al consejero su preocupación por las consecuencias de los ataques de los lobos en las explotaciones ganaderas de la Comunidad. El coordinador general de Coag indicó que «el lobo es patrimonio de todos, por lo que la Administración debe costear íntegramente los costes de los ataques, incluidas las consecuencias del lucro cesante», es decir, los efectos secundarios percibidos a largo plazo en la cabaña ganadera y, sobre todo, en las hembras reproductoras.