Los trabajadores de la recogida de basura convocan huelga antes de Navidad

Habrá huelga. Al menos, de momento. Por segunda vez en apenas dos meses, los trabajadores del consorcio para la gestión de los residuos de la provincia de León (Gersul) registran una convocatoria de paros. Si la de finales de septiembre, que pretendía paralizar la recogida por San Froilán, se levantó con la promesa de que les abonarían los atrasos, esta vez ni siquiera ha habido respuesta, después de que la Diputación anunciara que ha aprobado los 2,424 millones de euros para abonar los atrasos a los 170 operarios y dejara la responsabilidad en la UTE concesionaria, formada por FCC y Urbaser.

Ni siquiera se han presentado a la mediación ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), por lo que el comité de empresa ha confirmado la convocatoria de huelga que, a partir del 19 de diciembre y de manera indefinida, prevé llenar de basura las calles.

La negociación para frenar la nueva amenaza de huelga de los trabajadores quedaba este mediodía de nuevo en un callejón sin salida. La junta directiva del consorcio para la gestión de los residuos de la provincia de León (Gersul) aprobaba a primera hora de esta mañana una revisión del canon concesional de 1,6 millones de euros desde 2013 hasta 2021. A mayores de contabilizaban lo 2,434 millones del aumento a los trabajadores. 

El presidente de Gersul y diputado de Hacienda, Santiago Dorado, considera en un comunicado que estos dos acuerdos deberían contribuir a desconvocar la huelga anunciada para el 19 de diciembre. La autorización de ese gasto supone la asunción íntegra, por parte del Consorcio, del coste de la subida salarial de los trabajadores que el nuevo convenio tendría para la UTE Legio VII.

"Esta empresa se queda así sin argumento para culpabilizar a Gersul de la firma de ese nuevo convenio", ha asegurado Dorado. Por ello, entiende que la empresa debería convocar a sus trabajadores y firmar el convenio.

“De lo contrario, estaría poniendo de manifiesto que está utilizando a sus trabajadores y la presión social de la convocatoria de la huelga para tratar de sacar un beneficio al que no le da derecho el contrato que tiene con el consorcio de Gersul”, ha sostenido.

La diferencia enrocó de nuevo la discusión entre Gersul, comandada por la Diputación Provincial, y las empresas gestoras del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega y las plantas de transferencia. Pero en la pugna se sitúan de nuevo los trabajadores como munición explosiva. A las 13.30 horas estaban citados ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) para abordar la reclamación de sus atrasos, que se cifran en total en un 10% de incremento por desde 2012, pero si la concesionaria no accede a desbloquear el pago a los cerca de 170 operarios de plantilla la única solución vuelve a ser la huelga. Y así será después de que la parte administrativa no haya acudido al acto del Serla.

La misma convocatoria que se abortó a finales de septiembre y que pretendía bloquear la recogida de la basura de toda la provincia en San Froilán se reaviva ahora para Navidad. El comité de empresa parte con la intención firme de registrar la huelga indefinida a partir del 19 de diciembre, después de que no se haya cumplido la promesa de las partes de que cobrarían el dinero adeudado. La suma se ajusta a las mismas subidas que han tenido los trabajadores públicos durante todo este tiempo, como insisten los operarios de Gersul, pero la acumulación de los atrasos hace que alcance una factura que se cifró en 1,8 millones de euros pero que ahora se cifra en 2,434 millones.

Pero as empresas presentan una cuenta pendiente total de 5,9 millones. En esta cifra incluyen el total de la subida salarial, mientras que desde Gersul defiende que en el acuerdo concesional se fija que en estos incrementos el consorcio sólo debe asumir el 47%, mientras que el 53% restante debe ponerlo la UTE.

No es la única disputa. La concesionaria insiste en que la aplicación de la fórmula polinómica para la actualización de los precios por tonelada dentro del contrato les deben reportar mayores ganancias. Pero no cuadran con las estimaciones de los técnicos del consorcio, que insisten en que superar los 3,8 millones de suma de la subida salarial y la revisión aceptada estaría fuera de la legalidad. «La diferencia, de 1,4 millones respecto a los 5,8 que solicita la empresa trasciende de lo contemplado en el contrato», se enroca Gersul.

Esta distancia, según han esxplicado desde la empresa al comité, se debe a facturas justiticadas por el pago de 4 trabajadores desde 2019 a 2021 que, según Gersul, no deben contabilizarse porque en ese periodo ya había asumido la gestión del vaso del CTR la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta. Su factura, que supone que habría cuatro operarioos menos, ronda el medio millón de euros. El resto de la cuenta, según la UTE, se debe a las horas extra facturadas en estos 10 años y en la liquidación de vacaciones y otros conceptos a los eventuales.