Diario de León

La hostelería leonesa se une a la gran plataforma que exige ayudas públicas

La alianza nacional, con más de 700.000 negocios adheridos, reclama una compensación urgente

León

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La hostelería leonesa se ha unido a la gran alianza nacional que exige ayudas «directas compensatorias y urgentes» a las administraciones por valor de 12.500 millones de euros para salvar a ambos sectores, que son de los más afectados por la crisis del coronavirus.

También forman parte de la plataforma la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco), la Confederación Española de Comercio (CEC), Comertia, Eurelia, la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (Fece), Hostelería de España —a la que pertenece la asociación provincial— y Marcas de Restauración, que representan a bares y restaurantes.

«El objetivo de esta gran alianza está siempre enfocado en la defensa de los intereses de ambos sectores y con el fin de evitar la destrucción de empresas, de empleos y la rotura de la cadena productiva», explicó al respecto la portavoz de hostelería y secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado.

De esta forma, la alianza reitera la necesidad de «ayudas directas compensatorias» por los cierres y limitaciones de actividad que han provocado en la actualidad la desaparición en España de 148.000 negocios, unas pérdidas de facturación de 82.000 millones y la destrucción de medio millón de empleos. Nevado indicó que esta alianza reclama a las administraciones un «plan serio y bien dotado», por lo que solicitan al Gobierno la constitución de «forma urgente» de una mesa de trabajo para consensuar las medidas que se deben adoptar de «carácter inmediato para salvar a unos sectores que aportan la quinta parte del PIB del país». De esta forma, la alianza de hostelería y comercio reclamará el incremento del periodo de carencia de los ICO en 12 meses, ayudas directas en la proporción al descenso de las ventas respecto a 2019, la prolongación de los Erte, la posibilidad de flexibilizar la plantilla, ajustar los contratos de los alquileres, la reducción temporal del IVA o exenciones en tasas como el IBI.

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