jueves 29/10/20

La Ley de Educación obliga a la Junta a supervisar todos los textos

Ante la denuncia presentada, desde la Consejería de Educación se ha reconocido el error puesto que, obviamente, Castilla y León no perteneció al grupo de comunidades que aprobaron su estatuto por vía de referéndum. Fuentes de la Consejería también han querido recordar que no es competencia del gobierno autonómico la autorización de los textos, sino sobre todo suministrar a las editoriales los currículos, con sus correspondientes capítulos y epígrafes, de las materias a tratar en cada asignatura. Así, desde la Dirección Provincial de Educación se precisa, citando la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, que «la edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración».
No obstante, al referirse a otro punto de esa ley, reconoce también que «la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirán parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa».

La editorial no contesta. La denunciante, Esther Alonso, pedía a la editorial Santillana que, a la mayor brevedad posible, enviase una circular «a todos los colegios que utilizan el libro para que los profesores que imparten esta asignatura puedan corregir su error, a la espera de su definitiva corrección», solicitud que, de momento, no ha sido contestada.
Y es que, a juicio de esta ciudadana, se está causando un grave perjuicio a los alumnos, al obligarles a estudiar hechos que no han sucedido. «Yo, en el año 1983 —dice, en referencia al falso referéndum sobre la autonomía de Castilla y León— ya tenía 21 años y no recuerdo que nadie me pidiera opinión, pero sí recuerdo una protesta multitudinaria, una manifestación a la que acudimos 90.000 personas, llenas de rabia e impotencia, precisamente porque no se nos había consultado», evoca Esther Alonso, quien dice que los autores de estos contenidos carecen «de ética ni escrúpulos», y, ante todo, «sin ninguna documentación».

La Ley de Educación obliga a la Junta a supervisar todos los textos
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