Más de 100.000 mayores de 65 años no saben gestionar su economía con la banca digital

«Soy mayor, no idiota». Es el grito de guerra que lanzó hace unas semanas un médico valenciano, Carlos San Juan, y que a través de su campaña en change.org ha puesto sobre la mesa un problema que no es nuevo, pero se agrava de forma alarmante con la jaleada digitalización de todos los procesos. Esa que se financia con los fondos europeos de recuperación postcovid, pero que hace mucho tiempo renuncia al principio tantas veces publicitado de no dejar a nadie atrás en el avance tecnológico.

La brecha digital se agranda por muchos frentes, no sólo por el de los de más edad. En el caso de las entidades financieras, por la búsqueda de rentabilidad en tiempos de tipos de interés en negativo (aunque de comisiones crecientes), lo que lleva a exprimir un proceso de concentración y reducción de costes en oficinas y empleados que parece no tener fin.

Traducido en el día a día, más allá de la menguante rentabilidad de los ahorros, la relación de los usuarios con las entidades financieras sufre un adelgazamiento de atención personalizada, horarios y presencia física de oficinas que hace mella sobre todo en la población de mayor edad. Y eso en León añade un múltiple problema: menos oficinas, sobre todo en el enorme territorio rural: magros horarios de atención personal y esperas en la fría calle por las restricciones sanitarias; propuestas digitales en los cajeros a pie de acera imposibles de entender y una desafección desde el punto de vista humano imposible de asumir por quienes durante toda la vida han confiado el esfuerzo de su trabajo y previsión a quienes ya no están, ni se les espera, al otro lado de la ventanilla de la entidad financiera.

El factor humano

En todo este entramado de búsqueda de rentabilidad financiera, que inevitablemente ha ido acompañado de un proceso de deshumanización empresarial, las personas de mayor edad levantan la voz para exigir que se mantenga una atención por personas que resuelva sus déficits digitales. No sólo en materia tecnológica, sino también de confianza en la seguridad de un sistema en el que se juegan algo tan sensible como los ahorros de toda la vida y su seguro de bienestar y tranquilidad.

El informe sobre banca electrónica y servicios financieros del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que sólo el 32,6% de la población entre 65 y 74 años, y apenas el 9% de los mayores de 75 años, utiliza internet para realizar gestiones financieras. A pesar de que la pandemia ha impulsado las gestiones telemáticas en la interacción con los bancos también entre este colectivo de edad.

Con esos datos (las cifras son en realidad mayores, porque Castilla y León está por debajo de la media en la utilización de estas herramientas para la gestión de las finanzas personales), son más de 101.000 los leoneses mayores de 65 años que no son capaces de utilizar la tecnología para relacionarse con los bancos o realizar las operaciones económicas habituales. Es decir, un 84% de las personas de más de 65 años en la provincia no tiene capacidad para realizar sus gestiones habituales con la banca por los hoy casi imprescindibles medios tecnológicos.

En realidad, ni con la banca ni con sus citas médicas, con Hacienda o el ayuntamiento, con los registros,... Si forman parte del entorno rural, ni tienen conocimientos ni herramientas (teléfonos u ordenadores suficientemente preparados), y con lamentable frecuencia ni conexiones adecuadas para responder a unas exigencias administrativas que se les escapan , y frente a las que no encuentran alternativa.

El INE señala que menos del 33% de la población entre 65 y 74 años es capaz de gestionar digitalmente sus finanzas. Eso supone apenas 18.000 de las más de 56.000 personas del colectivo en la provincia. En el caso de los mayores de 75 años ni siquiera uno de cada diez realiza estas gestiones, es decir, poco más de 6.200 de un colectivo de más de 69.000 personas. Es resumen, de los más de 125.000 leoneses de más de 65 años apenas 24.000 domina la tecnología y tiene la infraestructura necesaria para gestionar sus finanzas por internet. Pero otros casi 150.000 no acceden a esta herramienta que se está volviendo única.

Cáritas lanza un alarmante mensaje de alerta porque la brecha digital es un nuevo factor de exclusión social. Y el informe realizado por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados constata que el uso de internet crece entre los mayores de 65 años, pero muchos no tienen dispositivos adecuados para las exigencias digitales. De hecho 3 de cada 10 mayores no ha podido realizar gestiones cotidianas más allá de comunicarse con su familia o leer noticias.

El informe advierte de que los colectivos con más problemas económicos son los más vulnerables. Y desde la Secretaría de Pensionistas de CC OO de León José Luis Gómez pone el foco en un peligro más para los mayores. «Si tienes hijos, pueden ayudarte. Pero si eres una persona mayor sola, o vas al banco y te atienden en el cajero en plena calle, tus datos y tus claves quedan expuestos. La seguridad es un problema. Y la desconfianza un estrés añadido».

Gómez considera que la digitalización de los servicios bancarios, administrativos y médicos «nos empuja a adoptar sistemas que no controlamos, y con los que no nos sentimos seguros. Además, las personas mayores tampoco tienen en general dispositivos capaces de realizar estas gestiones con la seguridad necesaria».

Es una imposición para la que reclaman la protección que compete el Estado. «No pueden marginar a una parte de la población. Con todo lo que está pasando, a los mayores se nos coloca al margen de la página de la sociedad. El Estado atendió con premura a las entidades financieras en crisis. Defiende las bondades de la digitalización. Pero ¿defiende a los que somos vulnerables frente a ella?».