viernes. 01.07.2022
Mario Amilivia presenta el informe que fiscaliza la renta garantizada de la Junta hasta 2015. R. GARCÍA

La Renta Garantizada de Ciudadanía que se concede en la Comunidad llegó en el mes de mayo a 3.065 hogares de la provincia, frente a los 1.334 familias que la cobraron en 2011, cuando la Junta la puso en marcha, lo que supone un incremento del 129%.

Así se desprende del informe que fiscaliza la prestación pública, presentado ayer en las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que avaló la «experiencia» del Ejecutivo autonómico en la gestión de la renta de ciudadanía para asumir también las competencias, como pretenden, del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, al igual que País Vasco y Navarra.

La auditoría, que solo analiza los cinco primeros años de la prestación, subraya, como señaló Amilivia durante su comparecencia, que el presupuesto que ha dedicado la Junta a esta ayuda creció de forma exponencial desde su entrada en vigor, pasando de los 28 millones de euros en 2011 a los 73 de 2015, que representan el 9% de todo el dinero público que llegó a la Gerencia de Servicios Sociales. León absorbió la cuarta parte, unos 17,5 millones, frente a los 7,2 del primer ejercicio, como Valladolid. La otra mitad se la reparten el resto de las provincias, con Soria en el vagón de cola.

Recomendación

Cuentas pide que se apruebe un manual actualizado y unificado para facilitar la gestión

Solo en el mes de mayo la factura en la provincia ascendió a 1.700.000 euros, correspondiente a las 3.065 beneficiarios. De junio y julio no hay datos, aunque lo normal es que la cifra aumente debido al impacto de la pandemia.

Entre las recomendaciones que Amilivia hizo a la Junta para optimizar la gestión de la renta, destaca la aprobación de un manual de procedimiento actualizado y unificado, en virtud de los cambios normativos y de la experiencia acumulada. También pidió a la Gerencia de Servicios Sociales que adecue los plazos de resolución y que promueva un plan anual de seguimiento con equipos propios, separados de las funciones iniciales de reconocimiento de la prestación.

Si bien, la presentación de este informe se circunscribió al año 2015 y, debido a la lejanía de esta fecha, el debate planteado por los grupos parlamentarios en sus turnos de intervención se centró, principalmente, en la reciente aprobación del ingreso mínimo vital.

En este sentido, los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos en la comisión de Economía y Hacienda, Salvador Cruz y Blanca Delia Negrete, respectivamente, aseguraron que informes como los presentados por el Consejo de Cuentas son «el mejor aval» porque —entienden— acreditan la capacidad de la Comunidad para asumir también las competencias del ingreso mínimo del Gobierno.

Sobre esto, Mario Amilivia se mostró convencido de que la experiencia acumulada en Castilla y León con la gestión de la renta garantizada de ciudadanía será «de enorme utilidad».

Según recordó, el IMV se configura como una «prestación suelo» compatible con las que conceden las comunidades autónomas en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad, lo que permite a las autonomías «modular su acción protectora» para adecuarla a las peculiaridades de su territorio.

«Hay una gran experiencia que no puede ser desperdiciada (...) será, sin duda, de gran utilidad», añadió Amilivia en relación a la capacidad de la Comunidad para gestionar este tipo de recursos.

Más de 3.000 familias cobran la renta de ciudadanía, un 129% más que en 2011