Los mismos planes para rescatar la Asturleonesa, tres años después

Hace ya tres años que el Parlamento autonómico de Asturias exigió eliminar el peaje de la AP-66 antes de que la explotación se asomara al límite de la concesión, fijada en 2050 luego de una prórroga decidida por el Gobierno del PP (con Álvarez Cascos al frente de Fomento); aquella decisión administrativa es una herida que no acaba de cicatrizar y se reabre cada vez que el término peaje se introduce en el debate político de actualidad en León o en Asturias.

El año de liquidación del peaje en la Asturleonesa era inicialmente 2021. Por eso, hace tres años que se empleó esta anualidad para alentar nuevas propuestas políticas que al final, no llegaron a cuajar. No pasaron de mociones o manifestaciones parlamentarias que no se llegaron a tomar en cuenta en actos presupuestarios, que son los que motivan los hechos.

Hace tres años, en agosto de 2018, con el Gobierno del PSOE recién asentado en La Moncloa tras la moción de censura que desalojo al PP, se alentaron movimientos en torno al peaje de la autopista; con el año 2021 como referencia. «Eliminar el peaje de la AP-66 está en estudio», dijeron entonces representantes del Gobierno. Casi a la misma hora, Podemos (entonces no era parte del Gobierno) ya puso en circulación una estrategia que estos días se vuelve a retomar como propuesta válida para debilitar la vigencia que le queda al peaje: pleitear en el contencioso sobre la legalidad de la prórroga del peaje de la autopista del Luna, que sin esa interferencia ya caducaría este mismo año, y que entiende la formación morada en Asturias que no se ajustó a ley porque se basó en interés general al que era ajeno.

El peaje de la AP-66 sigue en la misma espiral de debate.