domingo. 03.07.2022
La despacho legal experto en Derecho medioambiental Pilar Martínez Abogados destacó ayer en un comunicado que el documento que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «necesariamente debe contar con una memoria económica con partidas presupuestarias concretas para indemnizar a los afectados por los ataques del cánido». Pilar Martínez Abogados apunta que el borrador de la estrategia debe incluir una memoria económica que contemple partidas presupuestarias concretas para compensar económicamente o indemnizar a los afectados por los ataques del animal, principalmente profesionales del sector de la ganadería en Castilla y León. «No puede pretenderse que sean los patrimonios privados de unos pocos ciudadanos, quienes hayan de afrontar el coste de interés público de la protección», sostiene el despacho, que defiende un «enfoque equilibrado entre la protección de la fauna y la preservación del entorno con el derecho al desarrollo socioeconómico del territorio», mediante el desempeño de actividades económicas tradicionales, como la ganadería que históricamente ha contribuido a la propia conservación del medio rural y a fijar población en estas zonas castigadas por el éxodo a las ciudades. «En este último sentido, si bien todos estamos de acuerdo con el principio «El que contamina paga», ya va siendo hora de que los gobiernos dejen de castigar a quienes han conservado y comiencen a asumir el principio complementario, legítimo y justo de «el que aporta, cobra»», mantiene. Los últimos datos conocidos sitúan en más de 3.700 las cabezas de ganado perdidas cada año, convirtiéndose en la comunidad autónoma más afectada de España. Con respecto a que el sistema de seguros agrarios combinados cubre los daños provocados, Pilar Martínez Abogados considera que igualmente «es imprescindible que el documento incluya una memoria con partidas presupuestarias concretas para indemnizarlos económicamente en un espectro mucho más amplio que los perjuicios ocasionados por los animales».

Defienden que la estrategia del lobo incluya las indemnizaciones
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