León ha perdido en diez años la población equivalente a Astorga, La Bañeza y Sahagún

maría carnero | león

La sangría de datos con la que cada año se agudiza el grave problema de la despoblación en León está desdibujando el paisaje de las ciudades y pueblos de la provincia. En los diez últimos años, es decir, desde 2006 hasta 2016 —últimos datos oficiales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística—, la provincia leonesa ha pedido 24.619 habitantes, lo que supone un 4,94% de la población total que en el año 2016 sumaba los 473.604 censados. Para hacerse una idea de la gravedad de estos datos, es como si en los últimos diez años los habitantes de las localidades de Astorga, La Bañeza y Sahagún, que suman un total de 24.359 personas, fueran barridos del mapa.

De los 211 municipios que conforman el mapa provincial, 184 han perdido población en esta última década, mientras que sólo 28 han experimentado ligeros ascensos en sus listas censales.

A la cabeza de los municipios que más han crecido se encuentra Villaquilambre, que de los 13.891 habitantes de 2006 ha pasado a los 18.583 actuales, lo que supone un crecimiento del 33,78 por ciento. Le siguen Valverde de la Virgen, que ha pasado de 5.505 a los 7.358, —un 33,66%—, y Sariegos con un incremento del 31,05 por ciento que hizo que de los 3.742 habitamtes de 2006 pasara a sumar 4.904 el año pasado.

Siguen en la lista de población ascendente localidades como Garrafe de Torío, Cubillos del Sil, Valencia de Don Juan o Chozas de Abajo.

Es muy curioso el caso de Sancedo, en el Bierzo, que en los últimos años no ha registrado cambios porcentuales en su población, ya que su crecimiento ha sido del cero por ciento. Tenía 573 habitantes censado en 2006, curiosamente el mismo número que en 2016.

Al otro lado de la moneda se encuentran los 184 municipios que en esta última década han perdido población, bien por el éxodo a las grandes ciudades, para buscar oportunidades laborañes que no encuentran en el área rural, o por que como ocurre ya en la mayoría de los pueblos, se registran más defunciones que nacimientos. El municipio con el que más se ha cebado la despoblación es Quintana y Congosto, que en esta última década ha perdido el 45,51 de su población, pasando de los 657 del año 2006 a los 358 del año pasado. Le sigue, Barjas, con una pérdida del 39,26 por ciento, Escobar de Campos (-39,13%), Oencia (-35,45%) o Matanza de los Oteros (-31,23%).

Por lo que se refiere a las dos grandes urbes de la provincia, León y Ponferrada, ambas han registrado una pérdida poblaciónal en la última década, mucho más leve, de sólo un 0,31 por ciento, en la capital berciana, que ha pasado de los 66.656 habitantes en 2006 a los 66.447 actuales. En el caso de León, la pérdida población es mucho más importante, del 7,88 por ciento, pasando de los 136.985 habitantes en 2006 a los 126.192 del útimo recuento de 2016.

A nivel nacional, la inmensa mayoría de las provincias o autonomías uniprovinciales españolas han perdido habitantes durante el último año, según el informe publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Población y despoblación en España 2016. Un total de 36 han visto caer sus censos demográficos, y lo han hecho, en algunos casos, en porcentajes que superan el 1% en solo doce meses.

El ránking de provincias que más población han perdido en el último año lo encabeza Zamora (-1,57%), seguida —por este orden— de Ávila (-1,24%, Orense (-1,22%), Ciudad Real (-1,11%), León (-1,10%), Teruel (-1,06%), Segovia (-1,05%), Soria (-099%) y Salamanca (-0,97%).

En cuanto a los territorios que siguen perdiendo habitantes de forma acusada, abundan las provincias que acumulan décadas de acusado declive demográfico y que hace años que se sitúan entre las provincias más despobladas de España y con mayor número de municipios en riesgo de extinción por sus escuálidos censos y el envejecimiento. Es el caso, entre otros, de Teruel, Cuenca o Soria, casos paradigmáticos de provincias convertidas hace tiempo en «desiertos demográficos».

Los últimos datos del INE confirman la tendencia de pérdida de población que se ha ido produciendo en el conjunto de España en los cinco últimos años y que ha supuesto, para la mayoría del territorio nacional, perder el avance que se produjo entre finales de los años 90 y principios de la década de 2000 ayudados por la inmigración.

Según el estudio de la FEMP, entre 2015 y 2016, en solo doce meses, España ha perdido 67.374 habitantes en total. Sin embargo, la suma de población de las capitales de provincia ha aumentado en 14.000, lo que significa que la sangría demográfica se ha concentrado en los municipios situados fuera de las grandes urbes y de las grandes áreas metropolitanas o su territorio inmediato de influencia. El repaso detallado a los últimos datos del INE confirma este hecho: las mayores pérdidas de población se concentran en las áreas rurales, mayoritariamente en municipios que ya están afectados desde hace años —generalmente décadas— por acusados procesos de despoblación.

Aunque ha habido capitales de provincia que también han visto reducidos sus censos durante el último año, las mermas han sido porcentualmente muy escasas. Donde se han producido los mayores retrocesos han sido en el medio rural.

Hay una relación directa entre mercado laboral y despoblación. Según la FEMP, pese a la recuperación económica y al aumento en la masa total de afiliados a la Seguridad Social en España, hay provincias en las que los incrementos netos de empleo son realmente mínimos. Entre esos casos se encuentra Teruel, quizás el caso paradigmático de correlación entre baja creación de empleo y despoblación.

Lo anterior es sintomático de lo que ocurre en los pequeños municipios, en los que la falta de oportunidades laborales conduce a una espiral de pérdida de habitantes progresiva. De ahí la importancia de arbitrar medidas de fomento del empleo en las áreas rurales, que contribuyan a frenar la despoblación y a favorecer dinámicas inversas de fijación de habitantes y captación de nuevos pobladores.

Hace cinco años, de todos los municipios que tiene España eran el 59,8% los que no superaban los 1.000 habitantes. Ahora representan el 61%. Se ha acentuado el acusado minifundio demográfico de las áreas rurales, lo que supone un problema creciente en términos sociales y económicos.

La situación es especialmente preocupante en provincias como Soria, Teruel, Zamora, Ávila o Burgos, en las que en estos momentos más del 90% de todos sus municipios tienen menos de 1.001 habitantes.

Todas ellas han empeorado esta ratio respecto al año 2011. Y, durante el último ejercicio certificado por el INE, han seguido esa misma senda de aumento de las localidades que quedaban bajo la peligrosa barrera de los 100 empadronados.

Así, en la provincia de Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora, el 92% en la de Salamanca y el 69,7 en León, lo que significa que 147 de los 211 municipios leoneses tienen menos de mil habitantes censados.

Comisión del Senado

León es una de las provincias más despobladas de Europa, una circunstancia que la ha llevado ser uno de los territorios más citados en el informe elaborado en 2015 una comisión especial del Senado sobre la despoblación rural en España. El documento aporta una serie de propuestas, medidas para frenar drásticamente la pérdida de población a través, principalmente, de incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el medio rural.

La ponencia defiende la creación de un índice corrector aplicable sobre la participación en los tributos del Estado para la lucha contra este desequilibrio poblacional. Se trataría de un fondo consignado a los Presupuestos Generales del Estado, pero que contara también con financiación europea. Favorecer el régimen fiscal de la población residente en los municipios de la montaña es otra de las recomendaciones del informe, un documento que también reclama a las administraciones una «acción contundente» para atajar los procesos de despoblación y envejecimiento en estos pueblos.

También se prevén medidas para apoyar inversiones municipales destinadas a la creación de empleo femenino y que permitan compatibilizar la vida laboral y la familiar.

Respecto a las inversiones, se ve necesario fomentar las infraestructuras, con la mejora de la red viaria local que permita la aproximación de las poblaciones despobladas a las vías rápidas, mediante una red de carreteras secundarias adecuada o mediante el fomento de servicios de transporte público mancomunado. En este sentido, la potencia apuesta por una oferta de servicios de transporte público adaptada a la demanda, con especial atención a las necesidad es de los colectivos sociales desfavorecidos.

También se apunta a la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal destinadas a jóvenes y nuevos habitantes y el despliegue de la banda ancha en el medio rural para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

La gastronomía y la producción de alimentos de calidad se perfila como un recurso potencial para el estímulo de la economía de estos municipios rurales, por lo que se propone que se respalde el sector, al igual que al turismo de interior. Otros de los planteamientos son aplicar proyectos de I+D+i y actuaciones de recuperación y conservación del patrimonio natural y arquitectónico.

El informe ve posibilidades de diversificación económica a través de las alternativas medioambientales y energéticas, apuntando especialmente a la gestión de montes, la biomasa, la resina y las fórmulas de gestión del patrimonio y el paisaje.

Otro punto del estudio se centra en la creación de empleo a través de la iniciativa privada, con ayudas a pymes o cooperativas, con especial incidencia a los puestos de trabajo dirigidos a jóvenes y mujeres, así como a la modernización y el relevo generacional.

El informe ve necesario implicar a la población de los municipios pequeños para que de forma conjunta y solidaria contribuyan a mejorar el futuro y aumentar la población.

Estrategia de la Junta

Para la Junta de Castilla y León la despoblación es el problema más grave que sufre la comunidad. En envejecimiento de la población, la fuga de jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales y la escasa natalidad es el denominador común en la comunidad. Por este motivo, en el año 2005 se firmó La Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación (2010-2020), con la que sientan las bases para revertir esta situación.

En este documento se plasman algunas de las medidas que se orquestarán en los próximos años por la administración autonómica para frenar la progresiva pérdida de población, como por ejemplo un mejor apoyo para las familias: conciliación de la vida laboral y profesional, la promoción de más empleo y de más calidad, las reformas para la mejora de la productividad y la eficacia económica, la integración de los inmigrantes y y la sostenibilidad de las finanzas públicas.