Ministerio y Junta ya negocian el convenio para dejar la caza en Picos

El próximo 4 de diciembre termina la prórroga de la moratoria dada a los dos municipios leoneses del Parque Nacional de Picos de Europa para que pongan fin a la caza dentro de este espacio protegido y aún no sabe nada de las compensaciones que deberían recibir del Estado por el fin de la actividad cinegética en sus terrenos.

«No sabemos nada desde que el pasado mes de agosto viniera el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y se le pidió que agilizara la negociación», afirma el alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

El regidor popular recuerda que Morán solicitó en ese encuentro al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, toda la documentación necesaria para estudiar el asunto.

Según confirmó a este periódico el director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, «hemos remitido toda la información adicional que solicitaba, el ministerio a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y ellos nos ha remitido también borradores del convenio, pero aún no hay ningún tipo de preacuerdo cerrado, solo intercambio de información», confirma.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), redactó ya hace un año un procedimiento para fijar los baremos por los cuales se procederá a indemnizar a los propietarios de los derechos cinegéticos de los espacios naturales para que abandonen la caza, prohibida por Ley, en estos lugares protegidos.

La Ley de Parques Nacionales de 2007 prohibía ya los aprovechamientos cinegéticos, los forestales y la pesca en los parques nacionales . Para que los municipios incluidos en estos espacios, como es el caso de Picos de Europa, adaptaran sus usos y costumbres a esta prohibición se otorgó una moratoria de diez años tras la cual entrarían en vigor las restricciones a cambio de indemnizar a los propietarios de los terrenos. Con la modificación en 2014 de la Ley de Parques Nacionales, se amplió esta moratoria —que caducaría en 2017— hasta finales de 2020.

Los alcaldes leoneses de las zonas afectadas, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, llevan años reclamando que se convoque una mesa de negociación para fijar las indemnizaciones que deberán percibir los propietarios de los terrenos cinegéticos cuando se prohiba definitivamente la actividad.

El caso de Amieva

Como referencia está la llevada a cabo en Asturias en el año 2010, para indemnizar el fin de la actividad cinegética en el municipio de Amieva, ubicado en la vertiente asturiana del parque, que llegó a un acuerdo con el Estado para dejar de cazar -en este caso sólo rebecos- en sus 1.500 hectáreas de reserva a cambio de recibir una cantidad de 2,4 millones de euros.

La cantidad que deberían recibir los municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre sería mucho más elevada ya que los terrenos afectados suman las 24.000 hectáreas de coto de caza en los que se abaten además más especies, como rebecos, corzos, ciervos, jabalíes y lobos, que reportan importantes ingresos económicos en la zona. Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre encargaron en 2012 un estudio económico a una consultoría madrileña para calcular una posible compensación económica por el fin de la caza en sus territorios.

El estudio no sólo tiene en cuenta los ingresos que la actividad cinegética reporta a los municipios en concepto de subastas de caza y de cuotas complementarias, se calcula también la repercusión que para la hostelería de la zona tiene la afluencia de cazadores en Picos de Europa .

En este año, ambos municipios ingresaron 411.384 euros de la reserva de caza de Riaño en concepto de cuotas de entrada y complementarias. Esta cantidad es cada año mayor, ya que el incremento medio anual de estos ingresos es de aproximadamente un nueve por ciento. Teniendo en cuenta que una media de dos mil cazadores eligen cada año la vertiente leonesa de Picos de Europa para cazar, se calculó la pérdida de ingresos que el fin de actividad cinegética supondría para la hostelería. Según el estudio, los cazadores se gastan 160.315 euros al año en los restaurantes de la zona y otros 74.640 en hoteles y casas rurales, ya que la estancia media de cada uno de ellos es de 1,5 días. Todo ello suma la cantidad de 646.339 euros anuales que reporta la caza.