Estado autonómico: ¿café para todos?

El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos, recién proclamado rey, reconoció las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de España. Comenzó entonces un largo proceso que culminó con el llamado «café para todos», ahora más cuestionado que nunca ante la crisis económica.

¿Son las comunidades autónomas las culpables del excesivo déficit de España? ¿En una situación como la actual, deberían devolver competencias al Estado para que éste se haga cargo de los servicios básicos a los ciudadanos?

Esta y otras preguntas han surgido especialmente en los dos últimos años en un debate que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reabrió no hace mucho al plantear a Rajoy la devolución al Estado de las competencias en Sanidad, Educación y Justicia para ahorrar 48.000 millones.

No logró Aguirre apoyos —al menos públicos— a su propuesta, ni siquiera de sus homólogos regionales del PP, aunque el debate sobre el Estado autonómico está servido. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí?.

En 1932 Cataluña consigue su autonomía. El País Vasco sigue sus pasos y en octubre de 1936 aprueba su Estatuto, pero la guerra civil truncó este proceso, que se retomó 41 años más tarde, en 1977, cuando se restableció provisionalmente la Generalitat de Cataluña bajo la presidencia de Josep Tarradellas y, meses más tarde, se estableció el régimen preautonómico para Euskadi.

El Estado Autonómico tiene como pilar básico el Título VIII de la Constitución de 1978, que consagra el actual modelo de organización territorial de España. A partir de ese momento, comenzó una etapa que duró diez años para perfilar el mapa autonómico, que quedó constituido por 17 nacionalidades y regiones, más dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. La Carta Magna dejó claro el particular régimen foral de País Vasco y Navarra.

Vías para el autogobierno

No todas las comunidades han conseguido su actual nivel de autogobierno a la misma velocidad. La propia Constitución estableció diferentes caminos y a través de la denominada «vía rápida» se constituyeron antes en autonomías las comunidades «históricas», que lógicamente asumieron en menos tiempo sus primeras competencias.

País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía conforman este grupo, que se caracteriza también por celebrar sus comicios regionales de manera separada al resto. Las otras 13 comunidades accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la ley de leyes, es decir, por la «vía lenta». Y sus representantes son elegidos en la misma cita electoral.

La democracia ha vivido importantes pactos autonómicos que han desembocado en un traspaso de competencias desde la Administración General hacia las autonomías. Así, desde 1979 hasta ahora se han producido 1.978 traspasos, con un coste de 25.178 millones de euros y una transferencia de 821.357 funcionarios, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Prácticamente todos los servicios públicos básicos son gestionados por las autonomías, entre ellos, la Sanidad y la Educación, las principales columnas del Estado del Bienestar.

Desde los centros de salud hasta los grandes hospitales. Desde la guardería hasta la universidad. Desde el juzgado de paz hasta el Tribunal Superior de Justicia. Casi todo está en manos de las comunidades.

¿Qué le queda a la Administración General? La defensa, la política exterior, el sistema monetario, extranjería o la legislación laboral, son algunas de las competencias exclusivas que atribuye la Constitución al Estado, encargado también de fijar las pensiones o el salario mínimo interprofesional.

La propia Carta Magna abrió la posibilidad de que, transcurridos cinco años y mediante reformas estatutarias, las comunidades ampliaran su abanico de competencias, lo que ha llevado a una ola de nuevo Estatutos, en los que hasta Andalucía se arrogó la competencia sobre el flamenco y Cataluña de su litoral.

Pero no todas las competencias son reclamadas de la misma manera por las autonomías. Por ejemplo, solo Cataluña se atreve a gestionar las cárceles.

También en esta comunidad cuentan con una policía integral propia, los Mossos d’Esquadra, una situación que sólo se repite en el País Vasco, con la Ertzaintza, y en Navarra, con la Policía Foral.

Con todo, las cuentas no les cuadran porque gastan más de lo que ingresan, como el resto de administraciones. Para hacer frente a sus obligaciones, las comunidades acuden al mercado y deben, según los últimos datos del Banco de España, 140.083 millones de euros, el máximo histórico en términos de PIB (13,1%).