Ciberseguridad y Facultad de Derecho

L a noticia de los ataques informáticos a ordenadores, empresas, servicios públicos e infraestructuras vuelve a alertarnos, ahora de una manera especialmente dramática, de las debilidades y riesgos que rodean nuestra actual existencia que vemos cómo pende del humor de un pirata corrupto, caprichoso o simplemente ansioso de notoriedad. Destaco el hecho de que tal acción criminal ha afectado a más de setenta países al mismo tiempo lo que nos permite dibujar una mueca de despreciativa sonrisa dirigida a quienes hablan de soberanismo, competencias blindadas y otras bobadas servidas a diario a la opinión pública.

Frente a esta barbarie debemos saber que existen organismos especializados en Europa y entre nosotros, en España, que realizan una labor encomiable para neutralizar estos ataques, investigar nuevas soluciones y formar a los ciudadanos en unos comportamientos básicos preventivos. En León contamos, gracias al Gobierno de Zapatero (que no lo hizo todo mal), con el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), lo que coloca a nuestra ciudad como referencia en toda España. Obligación es de las autoridades locales velar por mantener a León en esta situación privilegiada.

En este sentido, algunos profesores de la Facultad de Derecho, coordinados por el Incibe, estamos impulsando un máster de formación y especialización de juristas en este nuevo campo. Porque, ante los ataques vividos, no solo es preciso defenderse con instrumentos técnicos e informáticos sino también con el Derecho, un arma imprescindible, como vengo explicando desde hace años en distintos foros nacionales e internacionales.

Y es que las técnicas jurídicas deben servir para consolidar la seguridad de las comunicaciones, proteger infraestructuras e instalaciones críticas, prevenir atracos, facilitar la encriptación de los mensajes, en fin, auditar todos estos instrumentos para conseguir la paz en las redes del mismo modo que se instauró hace más de mil años la ‘paz de los caminos’, lo que permitió que pueblos y ciudades crecieran, se multiplicaran las relaciones y los negocios y con ello el pensamiento ganó anchura, abatió prejuicios y limpió miradas.

Papel pues decisivo de nuestra Facultad de Derecho que desarrolla —y la opinión pública debe saberlo— con enormes dificultades, luchando contra unas estructuras burocráticas pesadas, las derivadas de un gobierno universitario —el español, en general— disparatado. También ¿por qué no decirlo? contra las rutinas y hábitos trasnochados en los que algunos colegas —cada vez menos— se mecen complacidos ignorando que se está abriendo a nuestros piés todo el sistema de enseñanza del Derecho que hemos conocido y en el que nos hemos formado.

Obligación nuestra es pues pensar, desalojar hábitos conformistas, aventar naderías que huelen a naftalina y preparar un futuro que es ya un presente agobiante.