Alonso entierra el pozo Santa Cruz

Dicho y hecho. Victorino Alonso presentó ayer oficialmente el expediente de regulación de empleo que desde el día 10 de noviembre afectará a la práctica totalidad de la plantilla del pozo Santa Cruz (Páramo del Sil) y que ratifica la defunción de la última mina de interior que permanece activa en la cuenca Fabero-Sil. 59 trabajadores de Uminsa se irán al paro durante seis meses y sólo quedarán en el tajo 17 mineros a los que se les encargará el desmantelamiento del pozo a fin de cerrarlo antes de que termine el año, confirmaron fuentes de la empresa. Este es el mismo sistema que el empresario utilizó para el cierre del pozo Calderón.

Una vez superada la vigencia del expediente, parte de la plantilla que hasta ahora tiene Santa Cruz —76 trabajadores más los 30 de subcontratas inmersos en otro ERE— serán reubicados en Tineo o Cerredo, otros se prejubilarán. Aunque el lugar está todavía por definir, lo que ha quedado claro es que no volverán al mismo pozo. La dirección del grupo empresarial asegura que los recortes en las ayudas del Gobierno han precipitado el cierre de una explotación que «no es viable». La producción de interior se centrará desde ahora en la cuenca asturiana, ya que es en los túneles de Cerredo y Tineo donde Victorino Alonso ha hecho las mayores inversiones.

Asimismo, la patronal ha presentado en Trabajo un segundo expediente de regulación, también de medio año de duración, para toda la plantilla de 278 trabajadores del pozo de Cerredo, perteneciente a Coto Minero Cantábrico. No obstante, la intención de la empresa es que, en este caso, sólo la mitad se vaya al paro y que el resto continúe produciendo con total normalidad.

En esta tesitura, ninguno de los comités de empresa acepta los ajustes, más cuando estos se suman a una serie de recortes salariales y sociales que Victorino Alonso pretende aplicar también de forma inminente. Los representantes de los trabajadores anuncian medidas de protesta y no descartan ningún tipo de acción. «La nueva reforma laboral nos deja muy pocas opciones contra los EREs», reconoció el presidente del comité de empresa de CMC, Luis María Fernández, adelantando, no obstante, que «las condiciones laborales que pretende imponer no tienen fundamento y por eso sí lo lucharemos en los juzgados».

Fernández aseguró también que el empresario ya les ha pulsado para que se movilicen contra el Gobierno, asegurando que este es el único culpable de las medidas que pretende imponer. Pero ellos no opinan lo mismo. «No somos marionetas y el principal enemigo es él», afirmó.