La judicialización de los pagos de la Ciuden llega al Congreso y al Senado
Desde Ponferrada, el popular Carlos Fernández, reclama una auditoría externa
Los parlamentarios del PP exigen explicaciones al Gobierno del dinero público movido
La gestión de los fondos de la Ciuden en Ponferrada está en el foco de la Justicia.
La investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de pequeños contratos de fondos públicos, por importe de más de 2 millones de euros en la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de la capital berciana, ha tomado también el camino del interés público de la política y del control de los dineros de todos. Después de lo publicado ayer viernes por Diario de León, el asunto de estos pagos de actividades varias de Dinamiz-Artj, con actos o bolos llevados a pueblos de municipios mineros del carbón en declive y otros contratos de suministros que investiga la Justicia, el asunto ha sido elevado al Congreso de los Diputados y también al Senado.
De las novedades de ayer sobre reacciones a lo publicado por este periódico destaca la solicitud también de la elaboración de una auditoría externa, ajena a la Ciuden, para que los técnicos hagan una radiografía de los movimientos económicos en la Ciuden y determine de manera empírica el alcance público de los cientos de contratos investigados, por una vía paralela a la que ya ha emprendido la Justicia.
Además, también hubo reacciones en el comité de empresa de Ciuden. Básicamente su presidente, destacado miembro de Podemos en Ponferrada, se alía en defensa acérrima de la dirección de la Fundación creada por un Gobierno socialista y también en defensa de sus trabajadores. Al tiempo explica el comité en una nota que «no está de acuerdo con las noticias» y acusaciones publicadas, asegurando que a quien dañan es a los trabajadores.
De esta forma, a parte del apartado sindical, en el plano político, han entrado en acción también los parlamentarios del PP de la provincia de León en Madrid. El Partido Popular pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez y a los responsables del Ministerio del que depende la Ciuden «qué sabía y qué ha hecho» ante la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en las contrataciones en la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que ahora investigan desde un juzgado de Ponferrada". Dicen que los parlamentarios leoneses en el Congreso y el Senado han registrado tres preguntas para que el Gobierno «aclare» qué «actuaciones ha realizado o va a realizar» para, por un lado, «asegurar la preservación, integridad y trazabilidad de la documentación contractual y de los pagos vinculados a los hechos investigados» y, por otro, «qué medidas ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para garantizar la confidencialidad de las denuncias para prevenir represalias y proteger la colaboración con la justicia». Recuedan los populares que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga la tramitación y pagos de cientos de contratos menores en la Ciuden con posibles fraccionamientos y el uso de «anticipos de caja» a través de denuncias internas previas y de actuaciones de revisión administrativa, «toda vez que esta la acción judicial «contradice» la investigación interna que la archivó». Los populares plantean si el Gobierno central «ha remitido actuaciones o documentación al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía», y si el Gobierno «ha actualizado las conclusiones de las actuaciones internas y si ha reforzado las medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos y limitado el uso de los anticipos». También se hacen eco de la denuncia de un extrabajador de la Fundación de la Ciudad de la Energía por lo que las diputadas y los senadores por León preguntan al Gobierno por varias fechas claves.
QUIÉN, FECHAS Y DOCUMENTOS
«Cuándo tuvo conocimiento de estas denuncias, qué órgano interno» fue el encargado de tramitarlo y cuales participaron en la «verificación o investigación interna». El siguiente paso, plantean desde el Partido Popular, es «definir quién y en qué fechas» se inició la actuación instructora y si el Gobierno «puede confirmar que existen documentos resultantes de dichas actuaciones» dentro del Ministerio de Transición Ecológica donde se recogen «las conclusiones y qué órgano asumió dicha labor». Exigen al Gobierno que «indique» el número de contratos y pagos dentro de este programa desde el año 2020, especificando qué «controles ha llevado a cabo» y, en su caso, «si ha identificado los indicios de fraccionamiento». También dudas sobre «criterios» de pago.
EL COMITÉ QUE PRESIDE PODEMOS CIERRA FILAS CON LA DIRECCIÓN
El presidente del comité de empresa de la Fundación Ciudad de la Energía, Alfonso Sobrín, se puso ayer en contacto con este periódico para dar a conocer que ellos cierran filas en favor de la dirección de la entidad del sector público estatal adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ), que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Energía dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) perteneciente al Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez.
Sobrín, como comité de empresa, dice que dan su respaldo a la labor de Ciuden y de su equipo directivo, al que muestra su total apoyo, tras conocerse que el Juzgado de Ponferrada investiga presuntas irregularidades en diversos contratos después de la denuncia presentada por un extrabajador. Rechazan las acusaciones y defienden «la honorabilidad de Ciuden». «Este Comité no está de acuerdo con las noticias y acusaciones publicadas recientemente con el único fin de dañar la reputación de las y los trabajadores de la Fundación, las cuales consideramos que ofrecen una visión distorsionada de la realidad operativa de la Fundación», señalan. Muestran su total apoyo a la directora general de Ciuden, Yasodhara López, de la que dicen que «está liderado la Fundación con visión estratégica, compromiso social y capacidad de transformar desafíos en oportunidades».
El Comité agradece a López «su actitud profesional, serena y responsable en la gestión de las quejas trasladadas por nosotros, en las que se alertaba de las conductas hostiles, el trato degradante y las faltas de respeto sistemáticas hacia la plantilla por parte de algún miembro de su equipo directivo», y afirman que durante esas conversaciones «escuchó, actuó con firmeza, transparencia y equidad, asegurando que cada reclamación se trataba con seriedad y sin prejuicios». Añade que su postura ha sido una defensa clara de los derechos de los trabajadores, y también de la integridad institucional de la Fundación», afirman. Este apoyo se extiende a todo su equipo directivo y aseguran que confían en Dinamiz-Artj.