El proyecto Alba del Consejo Comarcal se convierte en un referente a nivel nacional
Cuatro años de lucha contra la violencia de género y 178 víctimas
El servicio ha pasado de 6.000 a 20.000 euros de presupuesto y de una psicóloga a una plantilla de once
Laura Fernández, Loli Haro y Mónica Salví.
De una necesidad detectada en el servicio de empleo del Consejo Comarcal del Bierzo nació, hace más de cuatro años, el proyecto Alba de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, una iniciativa pionera por lo que supuso para dar respuesta a este grave problema en el medio rural —concebida con carácter itinerante para facilitar la aproximación a las víctimas— en la que acaba de poner el ojo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con la aspiración de implantar el modelo en otros territorios del país. El éxito radica en la celeridad del servicio (sin burocracia mediante), en la cercanía en el trato y en que el apoyo es transversal. Todo posible gracias a una red colaborativa que implica a diferentes instituciones y asociaciones. Desde su puesta en marcha, en noviembre de 2021, Alba ha dado cobertura a 178 mujeres y ha pasado de tener un presupuesto de 6.000 euros a 20.000 euros, aunque todavía insuficiente, asegura la consejera de formación, Empleo y Agenda 2030, Laura Fernández.
Junto a los programas de atención a menores y a drogodependientes, el proyecto Alba es ya uno de los pilares de la acción social del Consejo Comarcal del Bierzo, con una plantilla integrada por once profesionales que se ha ido incrementando desde la única psicóloga itinerante que empezó con el servicio en origen. Cuatro son técnicas propias de la institución comarcal, todas con formación de género; tres son profesionales externos (psicóloga, abogada y psicopedagoga) y otros tres son cargos políticos que se ocupan de la función institucional.
Todos conforman un servicio totalmente gratuito que aborda el manejo de diferentes tipos de violencia (doméstica, económica, sexual, vicaria, etcétera) y que se ha ido adaptando a las necesidades que surgen, incorporando también una vertiente de búsqueda activa de empleo y un punto de emancipación juvenil en el que se trata de dar respuestas y apoyo (simulación de entrevistas de trabajo, ayuda psicológica y apoyo emocional, gestión de tiempos y rutinas saludables, etcétera) a los hijos de las mujeres maltratadas. Desde su creación se han tratado a nueve casos.
De los 178 casos con los que ha trabajado el equipo de Alba en los últimos años, cuarenta están activos y ha habido trece altas en lo que va de este 2026. Reciben terapia psicológica sin límite de sesiones —se cuentan 915 en los más de cuatro años de funcionamiento del programa— y apoyo para encontrar un empleo, homologar sus estudios en el caso de las mujeres extrajeras e, incluso, obtener el permiso de conducir.
Desde 2023, se brinda también asesoramiento jurídico (divorcio, custodia, ayudas y consecuencias de la denuncia, entre otros) y, desde el pasado año, acompañamiento seguro para acudir al juzgado, al servicio público de empleo, a una entrevista de trabajo o «a donde la mujer quiera ir acompañada porque no se siente capacitada para hacerlo sola», explica la consejera Laura Fernández. También reciben formación, como la que imparte un equipo de cibervoluntarios implicados en la mejora de sus conocimientos en informática.
«El servicio se va amoldando en función de la experiencia y de las necesidades que vamos detectando», apunta Fernández. Su pretensión más inmediata sería disponer de un equipo propio, conformado íntegramente por profesionales del Consejo Comarcal. Pero aquí el que dicta la letra es el presupuesto. La itinerancia inicial se ha ido reduciendo, también por las preferencias de las propias víctimas, y actualmente la mayoría de la prestación s hace en un punto fijo, en las instalaciones de la propia institución comarcal en Ponferrada.
El 66% no denuncia
El perfil es diverso y, si bien en el último año la proporción de mujeres extranjeras atendidas es mayor que la de españolas, los datos de los años anteriores atestiguan un porcentaje mayor de nacionales (119 frente a 46 de otros países entre 2021 y 2025). Las edades oscilan entre los 18 de la más joven y los 71 años de la mayor. Se da casos hasta de mujeres viudas que toman conciencia del problema una vez que su maltratador ha fallecido o buscan entonces ayuda porque antes no se habían atrevido. Lo que sí es mayoritario es la ausencia de denuncia. «El 66% de las mujeres que acudieron en busca de apoyo no denuncian y hay un 33% que sí», relata la consejera comarcal d Formación y Empleo. «Hay mucho miedo», añade. Tal vez de ahí que la preferencia mayoritaria de las víctimas sea desplazarse a un punto fijo y no que el servicio se acerque a su lugar de residencia. No obstante, la tendencia actual es que son más mujeres de entorno urbano que rural las que se encomiendan al proyecto Alba.
El medio por el que las víctimas acceden a Alba también es muy variable. La mayoría, un 26%, lo hacen impulsadas por su propio entorno. Luego, hay algo más de un 22% que son derivadas por los Ceas de la Diputación de León, casi un 19% llega a través de personal técnico propio del Consejo Comarcal y cerca de un 8% lo hace de otros servicios públicos, como puede ser un abogado de oficio o un centro de salud. También hay asociaciones y oenegés que están en el origen de ese primer paso en la búsqueda de ayuda.