Aprobada la adaptación de la ley de Universidades a la normativa general
La ley contempla la creación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
La portavoz socialista, Ana Redondo, junto a procuradores de su grupo en el pleno.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron,con el consenso de PP y PSOE, el proyecto de ley de Universidades adaptado a la normativa general y con la novedad de creación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, que se configura como un ente p úblico de derecho privado que garantiza, según el consejero de Educación, Juan José Mateos, y la procuradora popular María Jesús Moro, la independencia en la calificación.
El proyecto de ley -informa Ical- llegó a debate del plenario con un alto nivel de acuerdo, después de que en la tramitación se hubieran aceptado más de una veintena de las 75 enmiendas presentadas, de las que 27 fueron retiradas para facilitar el consenso, según detallaron tanto la socialista María Luz Martínez Seijo como la popular María Jesús Moro, quienes valoraron el trabajo realizado por ambos grupos para la aprobación de esta ley.
En la presentación del texto, el consejero de Ed ucación explicó por qué se modifica esta ley, para su adaptación a la Ley Orgánica de Universidades, y algunas de las novedades de la misma, como la Agencia para la Calidad, que pasa de ser un consorcio a un ente público de derecho privado, con el que cree que se mejora la competitividad académica, investigadora y tecnológica de las universidades, sin el aumento de gasto ni de plantilla a lo actualmente existente. Al pleno llegaron una veintena de enmiendas socialistas, en las que se proponía que la Agencia sea un órgano autónomo y tenga funciones de prospección así como que la composición de la Comisión Permanente figure en la ley, si bien Martínez Seijo afirmó que su no aceptación por el PP no era «insalvable» para dar el respaldo a la ley por las enmiendas aceptadas que han mejorado, a su juicio, el texto remitido por la Junta.
Otra de las novedades de la ley es la función que se otorga al Consejo Social, que se configura como la «voz» de las empresas y de la sociedad con las universidades. Así, podrá informar sobre la creación de empresas de base tecnológica promovidas por la universidad o participadas y creadas a partir de patentes o resultados de proyectos de investigación originados en la universidad.